Ejercicio profesional de la abogacía
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Última revisión:27-06-2022

El Boletín Oficial del Estado del 25 de octubre de 2021 publicaba la Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como, la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, con entrada en vigor a los 20 días de su publicación, esto fue el 14 de noviembre de 2021.El objeto de esta reforma es acomodar la legislación española a las previsiones del derecho europeo y singularmente a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 25 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a servicios en el mercado interior, y en los artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En este sentido, esta ley incide sobre tres ámbitos concretos de actuación:El relativo a la existencia de una reserva de actividad para el ejercicio de la procura.El de la prohibición de las sociedades de carácter multidisciplinar, que puedan abarcar la procura y la abogacía.La modificación del sistema de aranceles.A TENER EN CUENTA. Una de las modificaciones introducidas por esta norma es el cambio de la denominación de la Ley 34/2006, de 30 octubre, que pasa a denominarse «Ley 34/2006, de 30 de octubre,  sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura». Principales novedades para los profesionales de la abogacía:1. La reserva de actividad para el ejercicio de la procura se flexibilizaSe permite así que también las personas profesionales de la abogacía puedan ejercer como procuradores, asumiendo la representación técnica de las partes y desarrollando el resto de las funciones que son propias de la procura para la cooperación y auxilio de los tribunales, aunque no de forma simultánea al ejercicio de la profesión de la abogacía.Para hacer posible lo anterior, se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, —en sus artículos 1 a 7— estableciendo, en síntesis, el acceso único a las profesiones de la abogacía y la procura: se exige un mismo título académico (licenciatura o grado en derecho) y una misma capacitación (el mismo máster) para ambas profesiones, en modo tal que, quienes superen la evaluación podrán ejercer indistintamente la abogacía o la procura sin más requisitos que la colegiación en el colegio profesional. De esta manera, se establece un mismo título habilitante para el ejercicio de dos profesiones diferenciadas en el bien entendido sentido de que las funciones de la procura han de estar separadas de la función propia de la abogacía porque eso redunda en beneficio de la Administración de Justicia.2. Modificación de la Ley de sociedades profesionalesLa Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, se modifica a fin de habilitar a las sociedades profesionales multidisciplinares para el ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura para poder ofertar y prestar un servicio integral de defensa y representación.Esto es, se autoriza que profesionales de la abogacía y la procura se integren en una misma entidad profesional como excepción a lo previsto hasta ahora en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, que solo permitía que las sociedades profesionales puedan ejercer varias actividades profesionales cuando su desempeño no se haya declarado incompatible por norma legal.No obstante, a fin de garantizar la imparcialidad e independencia del ejercicio de la respectiva actividad profesional, además de la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de las profesiones de la abogacía y la procura, de acuerdo con la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se establece que los estatutos de las sociedades profesionales cuyo objeto social consista en la prestación de servicios jurídicos integrales de defensa y representación contendrán, de conformidad con lo que prescriban las normas deontológicas de las respectivas profesiones, las disposiciones necesarias para garantizar que los profesionales que asuman la defensa o la representación de sus patrocinados puedan actuar con autonomía e independencia y apartarse de cualquier asunto cuando pueda verse comprometida su imparcialidad.Con esta reforma, las sociedades de profesionales de la abogacía podrán incorporar profesionales de la procura como socios profesionales, al igual que las sociedades de profesionales de la procura podrán incorporar profesionales de la abogacía, preservando cada uno sus competencias, responsabilidades y obligaciones propias.«Se trata de una gran reforma que busca dinamizar un mercado saturado, permitiendo ahorrar costes a los profesionales de la abogacía y de la procura, ofreciendo en cambio una mayor flexibilidad en la organización de ambos colectivos, al tiempo que preserva la función de cada uno de los profesionales de forma claramente diferenciada. En definitiva, será posible demandar y ofrecer, mediante una única sociedad profesional, los dos servicios que requiere la defensa en juicio de los derechos recibiendo una atención integral sin merma alguna de la independencia de cada uno de los profesionales que la componen». (Preámbulo de la Ley 15/2021, de 23 de octubre).CUESTIÓN ¿Qué ocurrirá con los profesionales colegiados a la entrada en vigor de este nuevo título profesional?La D.T. 1.ª prevé la aplicación de esta ley a quienes en el momento de entrada en vigor de la misma estuvieran ya colegiados o en condiciones de hacerlo en los colegios de abogados o de procuradores, en este último caso, cumpliendo los requisitos que se fijan en esta misma disposición:«1. Las disposiciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación a quienes en el momento de su entrada en vigor estuvieran ya incorporados a un colegio de abogados o en condiciones de incorporarse por cumplir todas las condiciones necesarias para ello, pudiendo ejercer como procuradores en los términos establecidos en el artículo 1 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre.2. Las disposiciones establecidas en la presente Ley serán también de aplicación a quienes en el momento de su entrada en vigor hubiesen obtenido el título de procurador de conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, estén en posesión de una licenciatura o grado en Derecho y estuvieran incorporados a un colegio de procuradores o en condiciones de incorporarse por cumplir todas las condiciones necesarias para ello, pudiendo ejercer la abogacía en los términos establecidos en el artículo 1 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, siempre que cumplan los siguientes requisitos:a) Se encuentren en posesión del título oficial de la licenciatura en Derecho o del grado en Derecho que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.b) Superen el curso de capacitación profesional y la correspondiente prueba de evaluación en los términos que se determinen reglamentariamente. El curso y la prueba de evaluación deberán superarse dentro de los dos años académicos siguientes a la fecha de aprobación del real decreto que lo regule».

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Última revisión:22-03-2022

El nuevo Estatuto General de la Abogacía Española fue publicado en el BOE del 24 de marzo de este año 2021, a través del Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, entrando en vigor el 1 de julio de 2021, derogando así al Real Decreto 658/2001, de 22 de junio. Se prevé en su disposición final 3.ª que el Consejo General de la Abogacía Española, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto, aprobará o modificará su propio reglamento de régimen interior para adaptarlo a sus previsiones. ¿Qué novedades encontramos en el nuevo estatuto? Como ya veremos en esta guía, el Estatuto ofrece una mejor regulación de los deberes de los profesionales de la abogacía con sus clientes, cumpliendo no solo con el deber de atención de manera diligente en el asesoramiento o defensa, sino también con obligaciones de transparencia.De cara a consejos y colegios, tal y como desarrollaremos más ampliamente en el punto 4 de esta guía, se pone en marcha la ventanilla única de los colegios, para ofrecer, de forma clara y gratuita, información a los consumidores y usuarios. Destaca también la preocupación por fomentar un elevado nivel de calidad de los servicios prestados, así como su constante mejora.Otro punto clave es el nuevo régimen de responsabilidad disciplinaria, mediante el cual la organización colegial vela por la ética y la dignidad profesional y por el derecho de los particulares, recogiendo sanciones por el incumplimiento de sus obligaciones y al que haremos especial referencia en el punto 9 de esta guía.Regula, por primera vez, aspectos tan importantes para el ejercicio de la profesión como:La prestación libre de servicios en todo el territorio nacional y europeo.El desarrollo de forma exhaustiva del derecho al secreto profesional, que protege y refuerza.Establece el reconocimiento expreso a los colegios de la abogacía a presentar denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial cuando se producen reiterados retrasos injustificados en los juzgados y tribunales y cuando se produzcan conductas que afecten a la libertad o independencia de un letrado y esta se haya visto amparada por la institución colegial.¿Cómo se estructura el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española?El Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, cuenta con 141 artículos (frente a los 99 del Estatuto anterior), divididos en:Un título Preliminar.11 títulos.Además, cuenta con:1 disposición adicional.4 disposiciones transitorias.Una única disposición derogatoria.4 disposiciones finales.ESQUEMA:https://drive.google.com/file/d/1RmHCK0JOfyQ_PIv3Ehmkf0FyqjtIZ0t_/view?usp=sharing¿Cómo se lleva a cabo la elaboración y aprobación del Estatuto General de la Abogacía?El proyecto de Estatuto General de la Abogacía lo elabora el Consejo General de la Abogacía y lo aprueba el Gobierno mediante real decreto, a través del Ministerio de Justicia. CUESTIONES 1. El Estatuto General de la Abogacía constituye el marco normativo que regula la profesión de abogado. ¿Es posible que una norma con rango de ley de una comunidad autónoma, dictada en el marco de sus competencias, regule materias comprendidas en dicho estatuto?Sí, así lo dispone la disposición final segunda del EGAE bajo la rúbrica de «Salvaguarda de competencias autonómicas»:«La regulación contenida en el Estatuto General aprobado mediante este real decreto se entenderá sin perjuicio de la que, al amparo de sus competencias en la materia, aprueben las comunidades autónomas para los Colegios y Consejos que se constituyan en sus respectivos ámbitos territoriales».2. ¿Se respetarán las situaciones y derechos adquiridos bajo la vigencia del anterior EGAE del año 2001?Sí, las situaciones creadas y los derechos adquiridos con arreglo al régimen anteriormente en vigor serán respetados (disposición transitoria 3.ª del EGAE). 

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Última revisión:24-03-2022

En el artículo 1 del Estatuto General de la Abogacía Española (en adelante EGAE), aprobado por el Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, con entrada en vigor el 1 de julio de 2021, encontramos una definición de la profesión de abogado, cuyas dos primeras notas son la libertad e independencia:«1. La Abogacía es una profesión libre e independiente, que asegura la efectividad del derecho fundamental de defensa y asistencia letrada y se constituye en garantía de los derechos y libertades de las personas. Los profesionales de la Abogacía deben velar siempre por los intereses de aquellos cuyos derechos y libertades defienden con respeto a los principios del Estado social y democrático de Derecho constitucionalmente establecido. 2. La profesión de la Abogacía se ejerce en régimen de libre y leal competencia. Su contenido consiste en la actividad de asesoramiento, consejo y defensa de derechos e intereses públicos y privados, mediante la aplicación de la ciencia y la técnica jurídicas, en orden a la concordia, a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales.3. Son principios rectores y valores superiores del ejercicio de la Abogacía los de independencia, libertad, dignidad e integridad, así como el respeto del secreto profesional.4. Los profesionales de la Abogacía deben ser personas de reconocida honorabilidad y, en consecuencia, han de observar una trayectoria de respeto a las leyes, a los principios rectores y valores superiores de la Abogacía, a las normas deontológicas y a las buenas prácticas profesionales.5. En el Estado social y democrático de Derecho, los profesionales de la Abogacía desempeñan una función esencial y sirven los intereses de la Justicia, mediante el asesoramiento jurídico y la defensa de los derechos y libertades públicas.6. La Abogacía española proclama su especial compromiso con el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos».El contenido del principio de independencia lo desarrolla el artículo 2 del Código Deontológico de la Abogacía Española (en adelante CDAE).Los dos primeros párrafos de dicho artículo definen el principio de independencia en dos planos, un derecho y un deber del abogado:«1. La independencia de quienes ejercen la Abogacía es una exigencia del Estado de Derecho y del efectivo derecho de defensa del justiciable y de la ciudadanía por lo que constituye un derecho y un deber.2. Para poder asesorar y defender adecuadamente los legítimos intereses del cliente, debe mantenerse el derecho y el deber de preservar la independencia frente a toda clase de injerencias y frente a intereses propios o ajenos».CUESTIÓNEl artículo 2 del Código Deontológico de la Abogacía Española contempla el principio de no injerencia en un doble plano (por un lado, como un deber y, por otro, como un derecho). ¿Cuáles son estos derechos y deberes?El derecho del abogado a decidir y ejercer con absoluta libertad, sin injerencias de ningún tipo, y según su mejor y más leal saber y entender técnico-jurídico, el modo de defender el asunto encomendado para la mejor defensa del interés del cliente.El deber del abogado de actuar con independencia, sin dejarse influir por ninguna clase de injerencias ni por los intereses propios o ajenos.Los otros dos párrafos del artículo 2 del CDAE concretan frente a qué posibles injerencias debe preservar el abogado su independencia: respecto de los poderes públicos, económicos o fácticos, los tribunales, su cliente mismo o incluso sus propios compañeros o colaboradores:«3. La independencia debe ser preservada frente a presiones o exigencias que limiten o puedan limitarla, sea respecto de los poderes públicos, económicos o fácticos, de los tribunales, del cliente, sea respecto de los colaboradores o integrantes del despacho.4. La independencia permite no aceptar el encargo o rechazar las instrucciones que, en contra de los propios criterios profesionales, pretendan imponer el cliente, los miembros de despacho, los otros profesionales con los que se colabore o cualquier otra persona, entidad o corriente de opinión, debiendo cesar en el asesoramiento o defensa del asunto cuando se considere que no se puede actuar con total independencia, evitando, en todo caso, la indefensión del cliente».Analizamos a continuación algunas de las injerencias de las que el principio de independencia debe proteger al abogado.Injerencias de los tribunales de justicia El abogado es independiente frente al tribunal. Los abogados no somos más que los jueces, pero tampoco somos menos.Por eso, el artículo 187 de la LOPJ establece que:«1. En audiencia pública, reuniones del Tribunal y actos solemnes judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios, Abogados y Procuradores usarán toga y, en su caso, placa y medalla de acuerdo con su rango.2. Asimismo, todos ellos, en estrados, se sentarán a la misma altura».Así pues, los abogados, en su actuación ante los juzgados y tribunales, son libres e independientes, y gozarán de los derechos inherentes a la dignidad de su función, pudiendo solicitar amparo en su libertad de expresión y defensa (art. 58.1 del EGAE).CUESTIÓN¿Qué podrá hacer el abogado si considerase que la autoridad, tribunal o juzgado coartase su independencia o no se le guarda la consideración debida a su función? De acuerdo con lo previsto en el art. 58 del EGAE, el abogado tendrá la posibilidad de acudir al amparo colegial haciéndolo constar ante el propio juzgado o tribunal y dando cuenta a la Junta de Gobierno: «2. Si el profesional de la Abogacía considerase que la autoridad, juez o tribunal coarta la independencia y libertad necesarias para cumplir sus deberes profesionales, o que no guarda la consideración debida a su función, podrá hacerlo constar así ante el propio juzgado o tribunal y dar cuenta a la Junta de Gobierno. La Junta, si estimare fundada la queja, adoptará medidas activas para amparar la libertad, independencia y dignidad profesionales.3. Los Colegios notificarán los amparos concedidos a las autoridades, jueces o tribunales que hayan coartado la libertad o independencia de los profesionales de la Abogacía y denunciarán dichas conductas, cuando proceda, ante el Consejo General del Poder Judicial y las instituciones pertinentes. Asimismo, los Colegios de la Abogacía promoverán fórmulas para ser oídos ante las Salas de Gobierno de sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia en los expedientes gubernativos seguidos contra cualquier profesional de la Abogacía y sus recursos». Injerencias de los propios compañeros o colaboradores El abogado tampoco puede ceder a las injerencias de sus compañeros o colaboradores a la hora de decidir la estrategia procesal.CUESTIÓNUn abogado de su despacho le pide que recurra una sentencia que le ha sido desfavorable, pese a que usted cree que no vale la pena, porque lo va a perder. ¿Puede usted negarse a ello?Sí, porque su independencia como abogado/a le permite rechazar instrucciones en contra de sus propios criterios profesionales frente a toda injerencia y frente a los intereses propios o ajenos. Injerencias del clienteLa relación abogado-cliente no es un contrato de mandato (art. 1719 del CC) que obligaría al abogado a cumplir estrictamente las instrucciones recibidas del cliente, sino un contrato de arrendamiento de servicios (art. 1544 del CC). JURISPRUDENCIASTS n.º 482/2006, 23 de mayo, ECLI:ES:TS:2006:3057«(...) la calificación jurídica de la relación contractual entre abogado y cliente es, en la inmensa mayoría de los casos (salvo muy concretas excepciones) de contrato de prestación de servicios, que define el art. 1544 C.Civil. La prestación de servicios, como relación personal —intuitu personae— incluye el deber de cumplirlos y un deber de fidelidad que deriva de la norma general del art. 1258 C.Civil y que imponen al profesional el deber de ejecución óptima del servicio contratado, que presupone la adecuada preparación profesional y supone el cumplimiento correcto; de ello se desprende que si no se ejecuta o se hace incorrectamente, se produce el incumplimiento total o el cumplimiento defectuoso de la obligación que corresponde al profesional».De esta sentencia deducimos las características o notas de la relación del abogado con su cliente:1) Es un arrendamiento de servicios del art. 1544 del CC: «En el arrendamiento de obras y servicios una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto».CUESTIÓN¿Qué tipo de relación jurídica existe a la hora de formalizar una hoja de encargo el abogado con su cliente?Se tratará de un contrato de arrendamiento de servicios. 2) No implica una obligación de resultados, sino una obligación de medios: el abogado no está obligado a ganar el pleito, a conseguir el resultado buscado por el cliente, sino a hacer todo lo que esté en su mano para que lo consiga.3) Respeto a la lex artis (reglas del oficio): se trata del exacto y cumplido conocimiento que ha de tener el abogado de la materia que trata de un determinado cliente.Todas estas notas o características de la relación abogado-cliente, se resumen en una sola palabra: confianza (art. 47.2 del EGAE).Toda vez que la independencia y libertad del abogado son los principios rectores de la profesión, el abogado deberá rechazar la realización de aquellas actuaciones que comprometan su independencia y libertad (art. 47.1 del EGAE).  El principio de independencia también incluye que el abogado no recibe órdenes ni acepta presiones de su cliente.CUESTIONES1. Imaginémonos que un abogado recibe presiones de su cliente acerca de que recuse al juez que está instruyendo el caso. El abogado cree que dicha recusación no tendría sentido, asesorándolo en esa línea, pero el cliente insiste en ello. ¿Podría el abogado hacer caso omiso de lo que le dice el cliente al respecto? Sí, el abogado puede rechazar las instrucciones de su cliente y decidir no recusar al juez.2. ¿Qué ocurrirá en aquellos casos en los que el abogado no pueda mantener su independencia? En estos casos, el abogado podrá renunciar a la defensa, siempre que con ello no deje a su cliente en indefensión.En este sentido, cabe hacer mención del art. 50 del EGAE, precepto que hace especial referencia a la aceptación y renuncia de encargos profesionales por el abogado, indicando que:1. El profesional de la abogacía tendrá plena libertad para aceptar o rechazar la dirección de cualquier asunto que le sea encomendado.2. Podrá cesar su intervención profesional cuando surjan discrepancias con su cliente y deberá hacerlo cuando concurran circunstancias que afecten a su independencia y libertad en la defensa o al deber de secreto profesional.3. El abogado podrá renunciar a la defensa procesal que le haya sido confiada en cualquier fase del procedimiento, siempre que no se cause indefensión al cliente, estando obligado a despachar los trámites procesales urgentes.El profesional de la abogacía tendrá que comunicar la renuncia por escrito dirigido al cliente y, en su caso, al órgano judicial o administrativo ante el que hubiere comparecido y deberá proporcionar al compañero que se haga cargo del asunto y que se lo requiera, todos los datos e informaciones que sean necesarios para la adecuada defensa del cliente.CUESTIONES1. Si un cliente, durante la tramitación de un procedimiento, insiste en decirle al abogado cómo debe llevar el asunto, incluso las pruebas que tiene que proponer, y el abogado tras esta insistencia se niega a continuar con la defensa, ¿podrá renunciar a ella? Sí, podrá renunciar a la defensa si se lo comunica al cliente y al juzgado donde se tramita el procedimiento para no producir indefensión.2. Durante la tramitación de un procedimiento, un cliente le recrimina a su abogado que no está gestionando bien el procedimiento, y que como pierda el juicio lo va a denunciar ante el colegio de abogados. Por ello, el abogado presenta su renuncia ante el juzgado por discrepancias con su cliente y solicita la interrupción de cualquier plazo hasta que se le asigne un nuevo abogado a su excliente. ¿Es este proceder correcto?Sí, ya que, de esa forma, comunicándolo al juzgado, no se produce indefensión en el cliente.

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Última revisión:24-03-2022

Como salvaguarda de la independencia del profesional de la abogacía y para evitar posibles conflictos de interés, el EGAE dedica su artículo 18 a regular sus incompatibilidades.De su lectura, podemos extraer que el ejercicio de la abogacía es incompatible con: El desempeño, en cualquier concepto, de cargos, funciones o empleos al servicio del poder judicial, de las Administraciones estatal, autonómica o local y de las entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas, cuya normativa reguladora así lo imponga.La actividad de auditoría de cuentas en los términos legalmente previstos.Cualesquiera otras actividades que se declaren incompatibles por norma con rango de ley. En este sentido, es destacable la incompatibilidad del ejercicio de la abogacía con la profesión de procurador. El vigente EGAE no contempla explícitamente la incompatibilidad entre ambas profesiones (abogado y procurador). Sin embargo, dicha incompatibilidad sigue en vigor, y ello a tenor de los artículos 542 y 543 de la LOPJ en relación con lo dispuesto en el apartado 3.º del artículo 23 in fine de la LEC, que reza: «(...) Es incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales».A TENER EN CUENTA. Con la modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, (BOE 25/10/2021 por Ley 15/2021, de 23 de octubre) que pasa a denominarse Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la abogacía y la procura, se permite a los profesionales de la abogacía puedan ejercer como procuradores, asumiendo la representación técnica de las partes y desarrollando el resto de las funciones que son propias de la procura para la cooperación y auxilio de los tribunales, aunque no de forma simultánea al ejercicio de la profesión de la abogacía. (En vigor el 14/11/2021).Por último, cabe advertir que los abogados tampoco podrán mantener vínculos asociativos de carácter profesional con las personas afectadas por las incompatibilidades arriba mencionadas, cuando así lo disponga la ley. A TENER EN CUENTA.  La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (popularmente conocida como la Ley Ómnibus) eliminó la incompatibilidad del ejercicio de la profesión de abogado con las de graduado social, agente de negocios o gestor administrativo (incompatibilidades contempladas en el ya derogado Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española pero que habían quedado sin efecto por la entrada en vigor de la Ley Ómnibus).CUESTIONES1. Una graduada social quiere ejercer la abogacía. ¿Puede compatibilizar ambas profesiones?Sí, porque tras la aprobación de la conocida como Ley ómnibus, solo es incompatible el ejercicio entre la profesión de abogado y procurador de los tribunales. Además, la incompatibilidad entre la profesión de graduado social y abogado ya no aparece recogido en el vigente Estatuto General de la Abogacía Española (Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española).2. ¿Está permitido el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador?No es posible el ejercicio simultáneo de ambas profesiones por ser incompatible. Sin embargo, desde el 14/11/2021, por las modificaciones efectuadas por la Ley 15/2021, de 23 de octubre en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, se permite a los profesionales de la abogacía puedan ejercer como procuradores, asumiendo la representación técnica de las partes y desarrollando el resto de las funciones que son propias de la procura para la cooperación y auxilio de los tribunales, aunque no de forma simultánea al ejercicio de la profesión de la abogacía.¿Qué ocurrirá en aquellos casos en los que el abogado incurra en alguna de las causas de incompatibilidad señaladas? El profesional de la abogacía deberá cesar de inmediato en el ejercicio de una de las dos actividades incompatibles. En el caso de hacerlo en la de la abogacía, deberá formalizar su baja como ejerciente en el plazo máximo de quince días, mediante comunicación dirigida a la Junta de Gobierno de su colegio. Si no lo hiciera, la junta podrá suspenderle cautelarmente en el ejercicio de la profesión, pasando automáticamente a la condición de no ejerciente y acordando al tiempo incoar el correspondiente expediente disciplinario. A TENER EN CUENTA. Aquí radica otra de las diferencias existentes en relación con la regulación contenida en el derogado EGAE (antes se señalaba un plazo de 30 días para la comunicación de la incompatibilidad frente a los 15 días actualmente previstos).CUESTIÓNUn abogado afectado por una causa de incompatibilidad, ¿cómo debe proceder? ¿En qué plazo debe solicitar su baja como ejerciente en su colegio de abogados?Debe comunicarlo sin excusa a la Junta de Gobierno del colegio y cesar en la situación de incompatibilidad. Desde que se produzca la causa de incompatibilidad tendrá el plazo máximo de 15 días para solicitar la baja como ejerciente al colegio de abogados.¿Qué consecuencias tendrá para el abogado el ejercicio de actividades incompatibles con la profesión? El ejercicio de la profesión estando incurso en causa de incompatibilidad supone, conforme a lo dispuesto en el artículo 124 del EGAE, una infracción de carácter muy grave, cuya sanción podría llevar a suponer la expulsión del colegio o la suspensión del ejercicio de la abogacía por plazo superior a un año y sin exceder de dos (art. 127.1 del EGAE).Por otro lado, también cabe señalar la imposibilidad de que el abogado adquiera por compra, aunque sea en subasta pública, un bien que fuera objeto de litigio en que intervenga por su profesión u oficio. Y ello, porque así lo recoge expresamente el artículo 1459 del Código Civil: «No podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí ni por persona alguna intermedia:5.º Los Magistrados, Jueces, individuos del Ministerio Fiscal, Secretarios de Tribunales y Juzgados y Oficiales de Justicia, los bienes y derechos que estuviesen en litigio ante el Tribunal, en cuya jurisdicción o territorio ejercieran sus respectivas funciones, extendiéndose esta prohibición al acto de adquirir por cesión.(...)La prohibición contenida en este número 5.º comprenderá a los abogados y Procuradores respecto a los bienes y derechos que fueren objeto de un litigio en que intervengan por su profesión y oficio».CUESTIÓN¿Puede un abogado adquirir en subasta pública alguno de los bienes y derechos que hayan sido ob­jeto de un litigio en el que haya intervenido como abogado de una de las partes?No, no puede comprarlos por haber intervenido por su profesión en el litigio.

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Última revisión:21-03-2022

Quienes ejercen la abogacía tienen derecho a la plena libertad de defensa y el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes (art. 3.1 del CDAE). Así, el abogado tiene libertad para definir, de conformidad con la lex artis, la estrategia a seguir para la mejor defensa de los intereses de su cliente.Ello es así, incluso en aquellos supuestos en los que el abogado ejerza por cuenta ajena como profesional de la abogacía de empresa en régimen laboral común, mediante contrato de trabajo formalizado por escrito dado que, aun dándose este tipo de relación laboral, el artículo 39 del EGAE preceptúa, entre otras, la obligación del respeto a la libertad de defensa.CUESTIONES1. Si un abogado recibe una instrucción de su jefe de despacho que le obliga a presentar un recurso que él entiende que no puede presentar por haber pasado el plazo para ello, ¿puede negarse a presentar ese recurso?Sí, el abogado es independiente y podrá rechazar las instrucciones de sus superiores cuando sean contrarias a sus criterios profesionales.2. Y si es su cliente el que le da esas instrucciones, ¿puede negarse también?Sí, el abogado es independiente ejerciendo su profesión, ya sean instrucciones de su cliente o de sus superiores.Es importante destacar, en relación con la libertad de defensa, una triple consideración:1.ª Que la libertad de defensa está en estrecha relación con la libertad de expresión del abogado (artículo 542.2 de la LOPJ). Libertad de expresión que no ampara la falta de respeto, el insulto ni la descalificación (art. 3.3 del CDAE).JURISPRUDENCIADoctrina sobre los límites del derecho de defensa del abogado.Sentencia del Tribunal Supremo, n.º 681/2020, de 15 de diciembre, ECLI:ES:TS:2020:4209«(...) cuando esta sala ha revisado en casación el juicio de ponderación del tribunal sentenciador desde la perspectiva de los límites del derecho de defensa del abogado, ha fijado como doctrina (por ejemplo, sentencias 447/2015, de 3 de septiembre, 542/2015, de 30 de septiembre, 243/2018, de 24 de abril, 340/2020, de 23 de junio, 381/2020, de 30 de junio, 455/2020, de 23 de julio) que, aunque no se trate de un derecho ilimitado, el contenido de la libertad de expresión de los letrados ante los tribunales es especialmente resistente e inmune a restricciones en su ejercicio fuera de la prohibición de utilizar términos insultantes, vejatorios o descalificaciones gratuitas ajenas a la materia sobre la que se proyecta la defensa, y que la libertad de expresión del abogado en el desempeño de sus funciones de asistencia técnica posee una singular cualificación al estar ligada estrechamente a la efectividad de los derechos de defensa, y debe valorarse en el marco en el que se ejerce y atendiendo a su funcionalidad para el logro de las finalidades que justifican su régimen, razones por las que ha de ser amparada cuando en el marco de la misma se efectúan afirmaciones y juicios instrumentalmente ordenados a la argumentación necesaria para impetrar la debida tutela en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, y no ha de serlo cuando se utilizan —y menos aún con reiteración— expresiones ofensivas desconectadas de la defensa de su cliente (p.ej. sentencia 381/2020)».2.ª Que el ejercicio de la libertad de defensa debe respetar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y las normas deontológicas (artículo 10.1 del EGAE). El abogado debe actuar con arreglo al principio de buena fe y no puede hacer uso de medios ilícitos o injustos, ni utilizar el fraude como forma de eludir las leyes (art. 3.4 del CDAE).3.ª Que es el abogado, no el cliente, el que asume la dirección técnica de la defensa. El cliente podrá fijar con claridad sus objetivos y preferencias, hacer sugerencias y proposiciones, pero no puede imponer al abogado la estrategia. Esta decisión corresponde al abogado, sometido exclusivamente al interés del cliente, a la buena fe y a la lex artis.Este principio también ampara la libertad del abogado para aceptar o rechazar un encargo, sin necesidad de justificar su decisión, salvo las limitaciones propias del turno de oficio.

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Última revisión:21-03-2022

La confianza, como fundamento de la propia relación entre cliente y abogado, exige de este una conducta profesional íntegra, honrada, leal, veraz y diligente.CUESTIÓNUn abogado ejerce la profesión de forma colectiva con otros compañeros. Uno de ellos le solicita que sea su abogado en un juicio por impago de la pensión compensatoria por parte de su exmarido. Sin embargo, este abogado al que se le encarga este asunto observa que el divorcio de su compañero fue gestionado por otro de sus compañeros. ¿Tiene que rechazar ese encargo?Sí, debe rechazar la defensa en ese asunto por resultar contraria a los principios de confianza e integridad.

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Última revisión:24-03-2022

Los abogados tienen el derecho y el deber de guardar secreto respecto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos (artículo 542.3 de la LOPJ).RESOLUCIÓN RELEVANTESentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, n.º 404/2021, de 27 septiembre, ECLI:ES:APMA:2021:3240«El secreto profesional del abogado no es solo un derecho, sino, sobre todo un deber que se fundamenta, además de en el derecho de defensa, en constituir una exigencia del buen funcionamiento de la Administración de Justicia; constituye un deber ético cuya infracción está sancionada por normas disciplinarias, civiles e incluso penales, dada la trascendencia del bien jurídico sobre el que recae».En términos parecidos los describe el art. 5 del CDAE:«1. La confianza y confidencialidad en las relaciones con el cliente, ínsita en el derecho de este a su defensa e intimidad y a no declarar en su contra, impone a quien ejerce la Abogacía la obligación de guardar secreto, y, a la vez, le confiere este derecho, respecto de los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, limitándose el uso de la información recibida del cliente a las necesidades de su defensa y asesoramiento o consejo jurídico, sin que pueda ser obligado a declarar sobre ellos como reconoce la Ley Orgánica del Poder Judicial». Asimismo, las anteriores previsiones también son contempladas por el artículo 21 del EGAE, que respecto al secreto profesional recoge lo que sigue:«1. La confianza y confidencialidad en las relaciones con el cliente imponen al profesional de la Abogacía, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el deber y el derecho de guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligado a declarar sobre ellos.2. Lo previsto en el presente capítulo se entenderá sin perjuicio de lo previsto en cada caso por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por las leyes procesales y demás legislación aplicable». CUESTIONES1. Una pareja divorciada tiene dos hijos menores. Uno de los excónyuges por motivos laborales se va a vivir fuera de España, por lo que se fija la custodia en exclusiva para el otro progenitor, con la patria potestad compartida. Pasado un tiempo, el progenitor custodio pierde su trabajo y se encuentra en una situación muy precaria que afecta a los menores. Por ello, acude a su despacho para solicitar la custodia temporal por parte de las autoridades competentes y le solicita que no le comunique dicha circunstancia al abogado de la parte contraria. Usted le informa que el otro progenitor tiene derecho a conocer esta situación, pero respeta la petición de su cliente. ¿Es correcta su actuación?Sí, porque el abogado está obligado por el secreto profesional.2. En una reunión entre abogado y cliente, este le comenta al abogado que hace 3 meses cometió un delito de lesiones. ¿Tendrá la obligación el abogado de comunicarlo a las autoridades?No, de acuerdo con el art. 21 del EGAE, el profesional de la abogacía tiene el deber y el derecho de guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligado a declarar sobre ellos.Cabe advertir (art. 5.2 del CDAE) que el deber y derecho al secreto profesional no solo protege al cliente, sino que hemos de tener en cuenta que dicho deber y derecho comprenderá: Todas las confidencias y propuestas del cliente.Todas las confidencias y propuestas de la parte adversa.Todas las confidencias y propuestas de los compañeros.Todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o haya remitido o recibido por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional.El deber de secreto afecta también a cualquier tipo de comunicación entre profesionales de la abogacía, recibida o remitida, no pudiendo ser facilitada al cliente ni aportada a los tribunales ni utilizada en cualquier otro ámbito, salvo autorización expresa del remitente y del destinatario o, en su defecto, de la Junta de Gobierno, que podrá autorizarlo discrecionalmente, por causa grave y previa resolución motivada con audiencia de los interesados (art. 5.3 del CDAE).En caso de sustitución, esta prohibición le estará impuesta al sustituto respecto de la correspondencia que el sustituido haya mantenido con otros profesionales de la abogacía, requiriéndose la autorización de todos los que hayan intervenido.Se exceptúan de esta prohibición las comunicaciones en las que el remitente deje expresa constancia de que no están sujetas al secreto profesional. También el artículo 22 del EGAE se pronuncia respecto al ámbito que comprende el secreto profesional. De su lectura podemos concluir que el deber y derecho de secreto profesional de la abogacía comprende todos los hechos, comunicaciones, datos, informaciones, documentos y propuestas que, como profesional de la abogacía, haya conocido, emitido o recibido en su ejercicio profesional, quedando excluidas del ámbito de protección del secreto profesional todas aquellas actuaciones distintas de las que son propias del ejercicio profesional de la abogacía y, en especial las comunicaciones, escritos y documentos en que intervenga como mandato representativo de su cliente y así lo haga constar expresamente (apartados 1 y 2 del art. 22 del EGAE). CUESTIONES1. Dos abogados se envían mutuamente correos electrónicos durante la negociación de un procedimiento en el que no se llega a un acuerdo y uno de ellos comienza a preparar la demanda, y se le plantea la duda de si puede acompañar a la misma una copia de los correos electrónicos que ambos profesionales se han enviado. ¿Puede hacerlo? No, solo podrá acompañar esas comunicaciones a la demanda si el otro abogado presta su consentimiento expreso.2. En el caso anterior, si uno de los abogados deja la defensa de su cliente y este cambia de abogado. ¿Puede el abogado que continúa con la defensa de la otra parte enviarle esos correos al nuevo abogado de la parte contraria?No, no puede reenviar correos electrónicos de otros compañeros sin su expreso consentimiento.3. En un caso similar a los anteriores, ¿pueden aportarse los correos electrónicos entre abogados en la fase de contestación a la demanda como prueba?No, porque el secreto profesional impide aportar estas pruebas si no hay autorización expresa del abogado que remite o es destinatario o, en su defecto, autorización de la Junta de Gobierno del colegio competente.4. Dos abogados en el curso de unas negociaciones se intercambian cartas y otros documentos. ¿Puede el cliente de uno de ellos reclamarle que le entregue esa documentación?Sí, pero previa autorización expresa del abogado de la otra parte.Las conversaciones mantenidas con los clientes o con los contrarios, presenciales o realizadas por cualquier medio telefónico o telemático, en que intervengan profesionales de la abogacía no podrán ser grabadas sin previa advertencia y conformidad de todos los intervinientes y siempre quedarán amparadas por el secreto profesional (art. 5.4 del CDAE). En el mismo sentido se pronuncia el art. 22.3 del EGAE: «Las conversaciones mantenidas por los profesionales de la Abogacía con sus clientes, los contrarios o sus profesionales de la Abogacía, de presencia o por cualquier medio telefónico o telemático, solo podrán ser grabadas con la previa advertencia y conformidad de todos los intervinientes, quedando en todo caso amparadas por el secreto profesional. Están igualmente amparadas por el secreto profesional, las grabaciones realizadas por el cliente, no conocidas por su profesional de la Abogacía, incluso si este no lo era o no intervino en dicho momento, de conversaciones en que intervenga el profesional de la Abogacía de la otra parte».¿Y qué ocurre con respecto a las conversaciones mantenidas con abogados extranjeros? De acuerdo con el apartado 11 del artículo 11 del CDAE, las comunicaciones mantenidas con colegas extranjeros deben ser consideradas también de carácter confidencial o reservado. CUESTIONES1. ¿Puede el abogado grabar conversaciones profesionales?No. Las conversaciones mantenidas por los profesionales de la abogacía con sus clientes o con los contrarios, de presencia o por cualquier medio telefónico o telemático, solo podrán ser grabadas con la previa advertencia y conformidad de todos los intervinientes, quedando en todo caso amparadas por el secreto profesional.2. Una abogada se encuentra gestionando una demanda de reclamación de cantidades. La abogada, antes de presentar la demanda intenta llegar a un acuerdo con la parte contraria. Ambas partes se reúnen y asiste la compañera de despacho de la abogada de la parte demandante. La parte contraria, en dicha reunión, reconoce la existencia de la deuda pero admite que no puede afrontarla. Tras esto, se presenta la demanda contra el deudor, el cual se opone y niega la existencia de dicha deuda. La abogada de la parte demandante propone como testigo a su compañera de despacho, quien declara todo lo que se habló durante la reunión. ¿Ha actuado correctamente la abogada de la parte demandante?No, porque ha vulnerado el secreto profesional.Con relación a la pregunta anterior, cabe advertir que, el propio EGAE advierte al abogado del deber de hacer respetar el secreto profesional a sus colaborares y asociados, así como al personal correspondiente y demás personas que cooperen con él en su actividad profesional. El secreto profesional ampara las comunicaciones y negociaciones orales y escritas de todo tipo, con independencia del medio o soporte utilizado (art. 5.5 del CDAE).Además, el deber de secreto profesional, en relación con los asuntos profesionales encomendados, o en los que intervenga cualquiera de los miembros de un despacho colectivo, se extiende y vincula a todos y cada uno de ellos (art. 5.6 del CDAE). En todo caso, quien ejerce la abogacía deberá hacer respetar el secreto profesional a cualquier otra persona que colabore con él en su actividad (art. 5.7 del CDAE).CUESTIONES1. Usted es el abogado de una famosa cantante que se encuentra involucrada en un procedimiento penal muy mediático. Con sus compañeros de despacho comenta detalles del caso, y uno de ellos los comenta con amigos en una cena. ¿Ha actuado bien este compañero?No, porque el deber de secreto profesional también afecta a los hechos de los que haya tenido conocimiento a través de un compañero.2. En relación con la cuestión anterior, qué ocurriría en el caso de que los datos hubiesen sido publicados anteriormente por la prensa. ¿El compañero habría actuado correctamente?No, no puede desvelar ningún detalle del procedimiento por el deber de secreto profesional.3. Ante conductas como las anteriores, ¿se puede cometer alguna infracción deontológica?Sí, porque el infringir el deber de secreto se extiende respecto de los hechos que se conozcan por la actuación profesional y vincula a todos y cada uno de los integrantes del despacho.Tal y como nos indica el art. 22.5 del EGAE, el deber de secreto profesional permanece incluso después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente, sin que se encuentre limitado en el tiempo. En idénticos términos, se pronuncia el CDAE indicando asimismo su permanencia incluso después de haber abandonado el despacho donde se estaba incorporado (art. 5.8 del CDAE).Solamente podrá hacerse uso de hechos o noticias sobre los cuales se deba guardar el secreto profesional cuando se utilice en el marco de una información previa, de un expediente disciplinario o para la propia defensa en un procedimiento de reclamación por responsabilidad penal, civil o deontológica. Todo ello sin perjuicio de la prohibición de aportación de la correspondencia habida con otros profesionales de la abogacía (art. 5.9 del CDAE).El consentimiento del cliente no excusa de la preservación del secreto profesional (art. 5.10 del CDAE). En el caso de que se obtenga por parte del cliente expreso consentimiento, ¿deberá preservarse el secreto profesional? Si bien el art. 5.10 del CDAE preceptúa que «el consentimiento del cliente no excusa de la preservación del secreto profesional», lo cierto es que a tenor del nuevo EGAE el abogado quedará relevado del deber de secreto profesional sobre aquellos que solo afecte o se refiera a su cliente, siempre que este le haya autorizado. Por su parte, el art. 5.11 del CDAE prohíbe la aceptación de encargos cuando se haya mantenido con la parte adversa una entrevista para evacuar una consulta referido al mismo asunto y esta afecte su deber profesional. Asimismo, y, si bien, ya hemos puesto de manifiesto la imposibilidad de que el abogado pueda aportar a los tribunales, ni facilitar a su cliente, las cartas, documentos y notas que, como comunicación entre profesionales de la abogacía, mantenga con el abogado de la otra parte, salvo que este expresamente lo autoriza, cabe advertir que dicha prohibición no alcanza a las cartas, documentos y notas en que el abogado intervenga con mandato representativo de su cliente y así lo haga constar expresamente y ello de conformidad con lo previsto en el artículo 23 del EGAE, precepto regulador de las comunicaciones entre los profesionales de la abogacía.Por último, y para el caso de que se produzca la entrada y registro en un despacho profesional de un profesional de la abogacía, el EGAE prevé que los decanos de los colegios, quienes estatutariamente les sustituyan o quienes para tal fin fueran designados por el Decano, asistirán a petición del interesado a la práctica de estos registros y a cuantas diligencias de revisión de los documentos, soportes informáticos o archivos intervenidos en aquel se practiquen, velando por la salvaguarda del secreto profesional y, especialmente, por que el registro así como el resto de las actuaciones, a las que también asistirán, se limiten exclusivamente a la investigación del ilícito por razón del cual fueron acordados  (art. 24 del EGAE). A TENER EN CUENTA. El derogado EGAE preveía la asistencia del decano a la práctica de los registros cuando «fuere requerido en virtud de norma legal o visado por la autoridad judicial, o en su caso gubernativa, competente para la práctica de un registro en el despacho profesional de un abogado» sin embargo, como hemos visto, a tenor de lo preceptuado en el vigente EGAE, su intervención solo tendrá lugar «a petición del interesado», esto es, cuando así lo solicite el profesional de la abogacía. CUESTIÓNEn un registro a un despacho de abogados, uno de ellos avisa al colegio de abogados que salvaguarde el secreto profesional durante el registro. ¿Cómo debe proceder el colegio ante este registro?Tendrá que avisar al decano del colegio de abogados de su residencia, para que asista y se persone en las diligencias velando por la salvaguarda del secreto profesional.

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Última revisión:21-03-2022

De acuerdo con lo previsto en el art. 19 del EGAE: «El profesional de la Abogacía podrá realizar libremente publicidad de sus servicios, con pleno respeto de la legislación sobre publicidad, defensa de la competencia y competencia desleal, así como del presente Estatuto General y de los Códigos deontológicos que resulten aplicables». Mismas previsiones recoge el art. 6.1 del CDAE: «Se podrá realizar libremente publicidad de los servicios profesionales, con pleno respeto a la legislación vigente sobre la materia, defensa de la competencia, competencia desleal y normas deontológicas de la Abogacía».La publicidad respetará, en todo caso, la independencia, libertad, dignidad e integridad como principios esenciales y valores superiores de la profesión, así como el secreto profesional (art. 20.1 del EGAE). Asimismo, dicha publicidad habrá de ser objetiva, veraz y digna, tanto por su contenido como por los medios empleados (art. 6.2 del CDAE). En la publicidad deberá indicarse el colegio al que se pertenezca (art. 6.3 del CDAE).La publicidad no podrá suponer: a) La revelación directa o indirecta de hechos, datos o situaciones amparados por el secreto profesional (art. 20.2. a del EGAE y art. 6.3. a del CDAE).b) La incitación genérica o concreta al pleito o conflicto (art. 20.2. b del EGAE y art. 6.3. b del CDAE).A TENER EN CUENTA. El incumplimiento de las prohibiciones anteriores supondrá la comisión por el profesional de la abogacía de una infracción grave, pudiendo llegar a ser sancionado con la suspensión del ejercicio de la abogacía por plazo superior a quince días sin exceder de un año o multa pecuniaria por importe de entre 1.001 a 10.000 euros (arts. 125.b y 127.2 del EGAE).c) La oferta de servicios profesionales, por sí o mediante terceros, a víctimas directas o indirectas de accidentes o desgracias, así como, de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de víctimas, sean o no delito, en momentos o circunstancias que condicionen la elección libre de profesional de la abogacía y, en todo caso, hasta transcurridos 45 días desde el hecho, en los mismos términos que se establecen en el artículo 8.2 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (art. 20.2.c del EGAE y art. 6.3.c del CDAE). En este sentido, es importante advertir que, tal y como veremos en esta obra, el incumplimiento de esta prohibición supondrá la comisión por el abogado de una infracción muy grave (recogida en el art. 125.n del EGAE), pudiendo ser sancionado con la expulsión del colegio o la suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo superior a un año sin exceder de dos (art. 127.1 del EGAE).A TENER EN CUENTA. Esta prohibición quedará sin efecto en el caso de que la prestación de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la víctima.CUESTIÓN¿Puede un despacho de abogados repartir tarjetas de su despacho, ofrecer sus servicios en un periódico local a través de un anuncio o poner una valla delante de un hospital o en un lugar donde se haya producido un accidente de una gran magnitud (accidente aéreo, por ejemplo) que haya causado un número elevado de muerte y damnificados?No, porque este tipo de publicidad vulnera el Código Deontológico al dirigirse a las víctimas de accidentes que carecen de plena y serena libertad para la elección del abogado.d) La promesa de obtener resultados que no dependan exclusivamente de la actividad del profesional de la abogacía (art. 20.2.d del EGAE y art. 6.3.d del CDAE). CUESTIÓNUna abogada quiere publicitar su nuevo despacho. Su intención es publicar unos anuncios en televisión en los que se asegure que, si la contratan, sus clientes tendrán éxito en todos sus casos, incluso asegurando que ganará las costas. ¿Esta actuación es acorde al Código Deontológico?No, porque no es posible prometer la obtención de resultados que no dependan exclusivamente de su actividad.e) La referencia a clientes del propio profesional de la abogacía sin su autorización, salvo cuando el abogado haya participado en un procedimiento de contratación pública, en cuyo caso, podrá incluir esta referencia en su historial profesional, siempre que estos no lo hayan prohibido expresamente y que se respete el deber de confidencialidad y la normativa sobre protección de datos personales, sin infringir el derecho a la intimidad de las personas físicas (art. 20.2.e del EGAE y art. 6.3.e del CDAE).CUESTIÓNUna abogada destaca en su página web que entre sus clientes se encuentran personajes famosos. ¿Puede hacer eso?No, ya que incumple el Código Deontológico y las previsiones contenidas en el EGAE. f) La utilización de emblemas o símbolos institucionales o colegiales y de aquellos otros que por su similitud pudieran generar confusión (art. 20.2. f del EGAE y art. 6.3. f del CDAE) salvo, tal y como dispone la norma deontológica, disposición contraria contenida en los estatutos particulares y de aquellos símbolos que se aprueben para distinguir la condición procesal.CUESTIÓN¿Puede un abogado utilizar el escudo de su colegio para ponerlo en sus tarjetas de visitas?No, no pueden utilizarse los símbolos colegiales en documentación relacionada con la actividad privada profesional.g) La mención de actividades realizadas por el profesional de la abogacía que sean incompatibles con el ejercicio de la abogacía (art. 20.2.g del EGAE y art. 6.3.g del CDAE).h) La publicidad contraria a las normas deontológicas de la profesión (art. 6.3.h del CDAE).ESQUEMA: «Prohibiciones en la publicidad del abogado»https://drive.google.com/file/d/1r7DXb82uSADwuNlj8O3Dzi6amOlV5Zzv/view?usp=sharingAsimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del art. 20 del EGAE, en relación con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 6 del CDAE, debemos tener en cuenta que las menciones que a la especialización en determinadas materias incluyan los abogados en su publicidad deberán responder:a) A la posesión de títulos académicos o profesionales específicos sobre las materias de que se trate.b) A la superación de cursos formativos de especialización profesional oficialmente homologados.c) A una práctica profesional que las avalen.ESQUEMA: «Cuando la publicidad contiene referencias a especialización en determinadas materias se requiere»:https://drive.google.com/file/d/1i2DvZsCSnYOL717le8W7QayjrNdQb5NC/view?usp=sharingEn el caso de quienes han obtenido su título fuera de España:Quienes ejerzan con su título profesional de origen y se publiciten deberán hacerlo con mención expresa de tal circunstancia, debiendo utilizarse en cualquier caso la denominación que corresponda de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables, prohibiéndose el uso de los títulos de «abogado» o «abogada» expresados en cualquiera de las lenguas oficiales de España para la debida protección de los consumidores de los servicios jurídicos (art. 6.5 del CDAE). En este sentido, el EGAE señala en su art. 32 que: «Los profesionales de la Abogacía de otros Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo tendrán derecho a ejercer su actividad profesional en España, de forma permanente y con su título profesional de origen, bajo la denominación de "profesional de la Abogacía inscrito", en los términos y con las limitaciones previstas en la normativa relativa al ejercicio en España de la profesión de abogado con título profesional obtenido en otro Estado miembro de la Unión Europea».Cuando la denominación del título profesional sea coincidente en más de un Estado se añadirá al título profesional una mención expresa del país de origen (art. 6.6 del CDAE).Asimismo, cuando la regulación de la profesión en el país de origen implique limitaciones o especialidades en cuanto al ámbito de la actividad, se deberá añadir también una mención de la organización profesional a la que pertenezca en dicho país y, en su caso, del órgano u órganos jurisdiccionales ante los que esté habilitado para ejercer (art. 6.7 del CDAE).Igualmente, quienes ejerzan la abogacía no podrán traducir su título español a otro idioma cuando esa traducción corresponda a una categoría profesional determinada en otro país (art. 6.8 del CDAE).No se permitirá la publicidad encubierta, debiendo hacerse constar en sitio visible y de modo perfectamente comprensible que se trata de contenido publicitario (art. 6.9 del CDAE).

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Última revisión:21-03-2022

Es el artículo 7 del CDAE el precepto que se ocupa de la lealtad profesional en la publicidad y en la captación de clientes: 1. El ejercicio de la abogacía en régimen de libre competencia habrá de ser compatible, en todo caso, con el cumplimiento riguroso de las normas deontológicas de la profesión.2. Está prohibida la captación desleal de clientes.3. Son actos contrarios a la lealtad profesional todos aquellos que contravengan las normas tanto estatales como autonómicas que tutelen la leal competencia y en especial los siguientes:a. La utilización de procedimientos publicitarios directos e indirectos contrarios a las disposiciones de la Ley General de Publicidad y a las normas específicas sobre publicidad contenidas en el CDAE y restantes normas complementarias.b. Toda práctica de captación directa o indirecta de clientes que atenten a la dignidad de las personas o a la función social de la abogacía.c. La utilización de terceros como medio para eludir las obligaciones deontológicas. Se considerará responsable al favorecido por la publicidad que realice un tercero, salvo prueba en contrario.d. La oferta de servicios en apariencia gratuitos cuando no lo sean y puedan generar confusión a los consumidores, dada la asimetría en la relación profesional.

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Última revisión:24-03-2022

Del contenido del artículo 8 del CDAE en relación con lo dispuesto en el artículo 60 del EGAE, se desprenden una serie de derechos y obligaciones a los que habrá de atender el abogado cuando le es encomendada la dirección profesional de un asunto que anteriormente llevaba otro abogado compañero.El abogado a que se le encargue la dirección profesional de un asunto que previamente haya sido encomendado a otro compañero deberá comunicárselo a este último. Esta comunicación —tradicionalmente conocida como petición de venia— nunca podrá ser denegada por el compañero. CUESTIÓNUn cliente descontento con la actuación que ha realizado su abogado durante la tramitación del procedimiento encomendado le pide a otro abogado que asuma su defensa. ¿Cómo debe actuar este nuevo abogado con respecto al anterior abogado si asume la defensa del cliente?Tendrá la obligación de comunicar al primer abogado que el cliente le ha encargado la dirección profesional del asunto debiendo llevar a cabo dicha comunicación en alguna forma que permita la constancia de la recepción (o al menos de haberla intentado) y acreditar en la referida comunicación haber recibido el encargo del cliente. El CDAE hace referencia al momento en el que el abogado debe comunicar dicho encargo al compañero sustituido:«(...) la comunicación se hará inmediatamente después de aceptar el encargo y antes de iniciar cualquier actuación. Todo ello se realiza para continuar el asunto, en aras de la seguridad jurídica, de la buena práctica profesional, de una continuidad armónica en la defensa del cliente y de la delimitación de las respectivas responsabilidades (...)».A TENER EN CUENTA. El art. 8.2 del CDAE exime de todo lo anterior en aquellos supuestos en los que el sustituido mantuviera una relación laboral con el cliente.Por su parte, una vez recibida la comunicación, el abogado sustituido deberá, a la mayor brevedad, llevar a cabo las siguientes acciones:Acusar recibo de la comunicación.Poner a disposición del compañero la documentación relativa al asunto que obre en su poder.Proporcionarle los datos e informaciones que sean necesarios.En caso de sustitución, el nuevo abogado designado queda obligado a respetar y preservar el secreto profesional sobre la documentación recibida, con especial atención a la confidencialidad de las comunicaciones entre compañeros.Si la sustitución entre profesionales tiene lugar en el marco de un expediente judicial electrónico, se estará a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, y sus disposiciones de desarrollo. En este sentido, el artículo 17 de la referida Ley 18/2021 prevé que el régimen de acceso a los servicios electrónicos en el ámbito de la Administración de Justicia para los supuestos de sustitución entre profesionales, así como para la habilitación de sus empleados, se regulará por la respectiva Administración competente mediante disposiciones reglamentarias.El CDAE recoge, además de lo antedicho, el deber del abogado sustituto a informar al cliente sobre el derecho del abogado sustituido a cobrar sus honorarios.CUESTIÓNEn caso de sustitución de abogados, el cliente no quiere pagarle sus honorarios al primero de ellos. ¿Qué podrá hacer el abogado sustituto?Debe informar al cliente, en su caso, del derecho del profesional que le haya precedido en la dirección del asunto a cobrar sus honorarios y de la obligación de aquel de abonarlos, sin perjuicio de una eventual discrepancia (art. 8.4 del CDAE).Por su parte, el art. 8.6 del CDAE refiere la aplicabilidad de las anteriores estipulaciones en aquellos casos en los que el abogado de oficio sea sustituido por otro compañero abogado de libre designación, en cuyo caso, la sustitución también deberá ser comunicada al colegio por el sustituido. Si bien, el art. 50 del EGAE, precepto regulador de la aceptación y renuncia de encargos profesionales, indica en su apartado 4 que «la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio se regirán por su propia normativa específica».Si se está desempeñando la defensa en un asunto que se tramita ante un juzgado o tribunal, podrá comunicársele que se cesa para evitar futuras responsabilidades. Deberá hacerlo en todo caso quien, tras la sustitución, asuma la dirección letrada (art. 8.7 del CDAE).Tendrá especial gravedad la sustitución en un acto procesal sin previa comunicación escrita y tempestiva al relevado, por afectar a la eficacia de la defensa y a la dignidad de la profesión (art. 8.8 del CDAE).Cuando sea imposible por cualquier circunstancia participar la sustitución o acreditar la recepción de la comunicación, podrá hacerse esta al decano, u órgano colegial competente, que acusará recibo, entendiéndose completada la sustitución a todos los efectos (art. 8.9 del CDAE). Con independencia de lo dicho sobre la comunicación de la sustitución, cualquier letrado actuante podrá ser auxiliado o sustituido en cualquier diligencia judicial por uno o varios compañeros en ejercicio, pudiendo intervenir dos o más profesionales de la abogacía en las vistas siempre que esa intervención conjunta presente justificación suficiente a criterio del órgano judicial. Para la sustitución bastará la declaración del profesional de la abogacía sustituto bajo su propia responsabilidad (art. 56 del EGAE). CUESTIONES1. A un abogado le resulta imposible asistir a un juicio por coincidirle con otro señalamiento. ¿Podrá ser sustituido en este caso? Puede ser sustituido por un compañero en ejercicio, bastando la declaración del abogado sustituto bajo su propia responsabilidad.2. Un abogado con despacho propio (individual) ejerce la defensa de su cliente en un procedimiento de divorcio, pero necesita que otra abogada, que está integrada en un despacho colectivo, intervenga en uno de los trámites porque él no puede acudir. ¿Quién cobrará los honorarios por esa actuación?Se devengarán a favor del abogado que ejerce la defensa de su cliente.