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Última revisión:27-06-2022

En relación con la naturaleza jurídica del matrimonio, doctrinalmente hay quien lo entiende como negocio jurídico bilateral, y quien defiende su carácter institucional. Como negocio jurídico, presenta determinadas particularidades:Sus efectos jurídicos vienen predispuestos por la ley.Es un negocio de duración indefinida, aunque cualquiera de los contrayentes puede desvincularse del mismo sin alegar causa alguna.El motivo del matrimonio se corresponde con los derechos y deberes que las partes asumen.Tiene causas de nulidad propias.A la hora de contraer el matrimonio, la prestación del consentimiento requiere de ciertas formalidades.En cuanto a la evolución de la regulación del matrimonio en España, se caracteriza por dos momentos fundamentales:El régimen jurídico matrimonial fue reformado con la Ley 30/1981, de 7 de julio, dando una nueva redacción a los arts. 42 a 107 del Código Civil, donde se establece toda la regulación en relación con el matrimonio, incluido, el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio.Desde el año 1981, el derecho matrimonial se ha visto afectado por diversas modificaciones, destacando entre ellas las reformas del año 2005 que promulgan la Ley 13/2005, de 1 de julio, la cual posibilita a las personas del mismo sexo a contraer matrimonio y la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, por la que entre otras modificaciones deja sin contenido el art. 82 del Código Civil eliminando la causalidad en la separación y modifica el contenido del art. 86, eliminando la causalidad en el divorcio. Así, y según dispone el art. 44 del Código Civil:El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este código.El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.En relación con este artículo, es interesante citar la sentencia del Tribunal Supremo n.º 740/2013, de 5 de diciembre de 2013, ECLI:ES:TS:2013:5765, que expone en su fundamento de derecho tercero lo siguiente: «Resulta indiscutible, pues, que la nueva regulación legal del matrimonio no solo ha abierto las puertas de esta institución a las parejas del mismo sexo, sino que, al optar por esta solución normativa de entre las diversas que estaban a su alcance, ha equiparado de forma absoluta los matrimonios contraídos entre personas homosexuales y personas heterosexuales, sin que la reforma resulte contraria a la Constitución (STC, de 6 de noviembre de 2012)».En lo relativo a los requisitos necesarios para la celebración del matrimonio, cabe mencionar:Capacidad matrimonial. Para poder contraer matrimonio, los contrayentes han de tener una mínima capacidad y aptitud personal. Dichos requisitos de capacidad se encuentran regulados en los arts. 44, 46, 47 y 48 del Código Civil. En cuanto a los posibles impedimentos básicos para la celebración del matrimonio, cabe destacar, impedimento de edad, impedimento de vínculo, impedimento de parentesco y el impedimento de crimen.Consentimiento matrimonial. Señala el art. 45 del Código Civil que no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial.Forma. En este sentido, para lograr la validez del matrimonio, se requiere que el consentimiento se preste en alguna de las formas contempladas en el Código Civil. Del mismo modo, se concede la posibilidad a las partes de exteriorizar la celebración del mismo tanto por ritos religiosos como por la forma regulada en el Código Civil (art. 49 del CC). Por otro lado, conviene considerar supuestos especiales, pues ante la concurrencia de causa grave suficientemente justificada, se prevé la posibilidad de la celebración del matrimonio civil en secreto (art. 54 del CC). De igual modo, existe la posibilidad de celebración de matrimonio en peligro de muerte (art. 52 del CC).Igualmente, es preciso aludir a los derechos y deberes generados para ambos cónyuges tras la celebración del matrimonio, siendo necesario para ello acudir a lo establecido en los arts. 66 a 71 del Código Civil. En atención a los mismos, se puede decir que los cónyuges tienen el deber de respetarse y ayudarse mutuamente, actuar en interés de la familia, guardarse fidelidad, vivir juntos y de fijar un domicilio común, socorrerse mutuamente, compartir responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes, descendientes y de otras personas dependientes a su cargo. También tendrán los cónyuges la obligación recíproca de prestarse alimentos, conforme el art. 143 del CC. Respecto de los efectos civiles del matrimonio, estos se producirán desde su celebración, bastando la inscripción del matrimonio para que dichos efectos sean reconocidos.Finalmente, también conviene hacer una sucinta referencia a las denominadas parejas de hecho, entendidas como uniones estables de dos personas del mismo o de distinto sexo en una relación de afectividad análoga a la del matrimonio. Dichas uniones temporales no tienen una regulación propia en nuestro derecho estatal, aunque si existe una ingente normativa autonómica sobre parejas de hecho, que se han ocupado en gran medida de la definición y requisitos para apreciar su estabilidad y consiguiente atribución de efectos.

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Última revisión:27-06-2022

Para que dos personas puedan contraer válidamente matrimonio en el momento de su celebración deben concurrir tres requisitos: La capacidad matrimonial. Para poder contraer matrimonio, los contrayentes han de tener una mínima capacidad y aptitud personal. Dichos requisitos de capacidad se encuentran regulados en los artículos 44, 46, 47 y 48 del Código Civil. Existen 4 impedimentos matrimoniales básicos:Edad. Vínculo matrimonial previo.Parentesco.Haber participado en la muerte dolosa del cónyuge o persona con la que hubiera estado unida por análoga relación de afectividad a la conyugal.El consentimiento matrimonial. El artículo 45 del CC señala que no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial. Así, es importante destacar distintos supuestos que generan ciertas peculiaridades en relación con el mismo, como pueden ser el consentimiento sometido a condición, término o modo (se tienen por no puestos) y el consentimiento prestado por error, o con violencia, dolo o intimidación (que determina su nulidad). La forma. Para que el matrimonio sea válido, es necesario que el consentimiento se presente en alguna de las formas previstas en el Código Civil. El artículo 49 del CC permite a los contrayentes la celebración del matrimonio en la forma religiosa legalmente prevista. Como se acostumbra a señalar, esto no implica que hablemos de dos clases de matrimonio, sino que el código concede la posibilidad a las partes de exteriorizar la celebración del mismo tanto por ritos religiosos como por la forma establecida en el Código Civil. Además:Se prevé la posibilidad de la celebración del matrimonio civil en secreto, cuando concurra causa grave suficientemente probada (art. 54 del CC). Existe tratamiento especial acerca del matrimonio de españoles celebrado en el extranjero y de los extranjeros en España. En el primer caso, pueden acogerse a la celebración en forma civil regulada por el derecho español o a alguna de las formas religiosas previstas en el Estado extranjero en el que se encuentren (artículo 49 del Código Civil).A este respecto, hacer mención a la sentencia del Alto Tribunal n.º 145/2018, de 15 de marzo, ECLI:ES:TS:2018:846:«Cuando el matrimonio se celebra sin previo expediente matrimonial, el control de la validez del matrimonio se lleva a cabo en el momento de la inscripción en el Registro Civil (art. 65 CC), sin perjuicio de la posibilidad del ejercicio de una acción de nulidad posterior.El matrimonio en el extranjero entre un español y un extranjero puede celebrarse válidamente con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración (art. 49 CC). Tanto la redacción del art. 49 como la del 65 CC fueron modificadas con posterioridad por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria, que a su vez dio nueva redacción a los artículos correspondientes de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que todavía no han entrado en vigor.Lo que importa destacar, a efectos del presente recurso, es que aunque la forma establecida por la ley del lugar de celebración sea válida, conforme al art. 65 CC es necesario (y seguirá siéndolo tras la reforma), para poder practicar la inscripción, comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del matrimonio, lo que comprende tanto la capacidad matrimonial como la expresión del consentimiento matrimonial y el resto de los requisitos legales. Esta comprobación puede llevarse a cabo mediante la calificación de la "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración", siempre que no haya dudas de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española (art. 256.3.º RRC) o, en ausencia de título documental suficiente, a través del expediente previsto en el art. 257 RRC, según el cual "el matrimonio solo puede inscribirse en virtud de expediente, en el que se acreditara debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos". En el expediente se comprende la audiencia reservada a los contrayentes (art. 246 RRC). Se trata, en definitiva, de dar cumplimiento al principio de legalidad del Registro Civil, dirigido a evitar el acceso al mismo de un matrimonio nulo».En lo concerniente a la celebración del matrimonio, el artículo 51 del CC enumera las autoridades o personas que son competentes para su celebración. Siguiendo esta línea, el artículo 52 del CC lo hace en el caso de matrimonios en peligro de muerte. Con todo, hay que decir que la validez del matrimonio no quedará afectada por la incompetencia o falta de nombramiento de las autoridades o personas relacionadas, siempre que, al menos, uno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe y aquellos ejercieran sus funciones públicamente, tal y como dispone el artículo 53 del CC.Por lo demás, cabe destacar el contenido de los artículos del Código Civil que se relacionan a continuación:El artículo 55 del Código Civil regula el matrimonio por apoderado.Los artículos 57 y 58 del Código Civil se ocupan de la celebración del matrimonio, la persona que celebre el matrimonio —juez de paz, alcalde, concejal, letrado de la Administración de Justicia, notario o funcionario—, después de leídos los artículos 66, 67 y 68 del Código Civil, preguntará a los cónyuges si consienten en contraerlo. La celebración del matrimonio en forma religiosa encuentra encaje en los artículos 59 y 60 del Código Civil.Los artículos 61 a 65 del Código Civil se ocupan de la inscripción del matrimonio en el Registro Civil, materia de especial transcendencia ya que, aun cuando el matrimonio produce efectos civiles desde su celebración, el pleno reconocimiento de los mismos solo llega con dicha inscripción, es más, el matrimonio no inscrito no perjudica los derechos adquiridos de buena fe por terceros.Además, cobra importancia el artículo 56 del Código Civil, el cual fue modificado por la Ley 4/2017 de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, de modo que dicha modificación entró en vigor el 30 de abril de 2021. El art. 56 del Código Civil regula, así, la necesidad por parte de quienes deseen contraer matrimonio de acreditar, previamente en acta o expediente, conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad o que no existan impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo establecido en el propio Código Civil.De este modo, el letrado de la Administración de Justicia, notario, encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente tramitado que mencionamos, cuando resulte necesario, podrá recabar de las Administraciones o entidades de iniciativa social de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, la provisión de apoyos humanos, técnicos y materiales que faciliten la emisión, interpretación y recepción del consentimiento por parte del contrayente o de los contrayentes.Excepcionalmente, en caso de que alguno de los contrayentes estuviera inmerso en una condición de salud que, evidente, categórica y sustancialmente, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial pese a las medidas de apoyo que corresponda, se recabará entonces dictamen médico sobre su aptitud para prestar dicho consentimiento matrimonial.JURISPRUDENCIASentencia del Tribunal Supremo n.º 145/2018, de 15 de marzo, ECLI:ES:TS:2018:846«(...) conforme al art. 65 CC es necesario (y seguirá siéndolo tras la reforma), para poder practicar la inscripción, comprobar que han concurrido los requisitos legales de fondo exigidos para la validez del matrimonio, lo que comprende tanto la capacidad matrimonial como la expresión del consentimiento matrimonial y el resto de los requisitos legales. Esta comprobación puede llevarse a cabo mediante la calificación de la "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración", siempre que no haya dudas de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española (art. 256.3.º RRC) o, en ausencia de título documental suficiente, a través del expediente previsto en el art. 257 RRC».

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Última revisión:04-05-2022

Se prevén en los artículos 58 a 61 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, que fueron actualizados tras la entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.Procedimiento de autorización matrimonialComo es sabido, el matrimonio en forma civil se celebrará ante juez de paz, alcalde o concejal en quien este delegue, letrado de la Administración de Justicia, notario o funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil.1. La previa tramitación del expediente matrimonialLa tramitación del acta o expediente matrimonial previa a la celebración del matrimonio encuentra su regulación en los apartados 1 a 7 del art. 58 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.Como indicamos, antes de la celebración del matrimonio es necesario que se realice la tramitación o instrucción de un acta o expediente a instancia de los contrayentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o, que de haberlos, se hubiese obtenido la pertinente dispensa, así como la inexistencia de cualquier otro obstáculo, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil. La tramitación del acta competerá al notario del lugar del domicilio de cualquiera de los contrayentes. La instrucción del expediente corresponderá al letrado de la Administración de Justicia o encargado del Registro Civil del domicilio de uno de los contrayentes.Aquí encontramos una novedad aplicable desde el 30 de abril de 2021, y es que los notarios pueden tramitar las actas o expedientes previos a la celebración del matrimonio, además de celebrar bodas. De este modo, pueden realizarse todos los trámites para contraer matrimonio desde la propia notaría.El letrado de la Administración de Justicia, notario o encargado del Registro Civil oirá a ambos contrayentes reservadamente y por separado para cerciorarse de su capacidad y de la inexistencia de cualquier impedimento. Asimismo, se podrán solicitar los informes y practicar las diligencias pertinentes, sean o no propuestas por los requirentes, para acreditar el estado, capacidad o domicilio de los contrayentes o cualesquiera otros extremos necesarios para apreciar la validez de su consentimiento y la veracidad del matrimonio.El letrado de la Administración de Justicia, notario, encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, cuando sea necesario, podrá recabar de las Administraciones o entidades de iniciativa social de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, la provisión de apoyos humanos, técnicos y materiales que faciliten la emisión, interpretación y recepción del consentimiento del o los contrayentes. Solo en el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare una condición de salud que, de modo evidente, categórico y sustancial, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial pese a las medidas de apoyo, se recabará dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.De la realización de todas estas actuaciones se dejará constancia en el acta o expediente, archivándose junto con los documentos previos a la inscripción de matrimonio.Pasado un año desde la publicación de los anuncios o de las diligencias sustitutorias sin que se haya contraído el matrimonio, no podrá celebrarse este sin nueva publicación o diligencias.Realizadas las anteriores diligencias, el letrado de la Administración de Justicia, notario o encargado del Registro Civil que haya intervenido finalizará el acta o dictará resolución haciendo constar la concurrencia o no en los contrayentes de los requisitos necesarios para contraer matrimonio, así como la determinación del régimen económico matrimonial que resulte aplicable y, en su caso, la vecindad civil de los contrayentes, entregando copia a estos. La actuación o resolución deberá ser motivada y expresar, en su caso, con claridad la falta de capacidad o el impedimento que concurra.El procedimiento finalizará con una resolución en la que se autorice o deniegue la celebración del matrimonio. La denegación deberá ser motivada y expresar, en su caso, con claridad la falta de capacidad o el impedimento en el que se funda la denegación.Contra la resolución por la que se deniega la celebración del matrimonio, cabe recurso ante el encargado del Registro Civil, cuya resolución se someterá al régimen de recursos ante la Dirección General Seguridad Jurídica y Fe Pública previsto por la Ley del Registro Civil.2. Celebración del matrimonioSi se autoriza el matrimonio, este podrá celebrarse de la siguiente manera (apartado 8 del art. 58 de la Ley del Registro Civil):Si el expediente matrimonial lo ha resuelto el letrado de la Administración de Justicia, el matrimonio se podrá celebrar ante el mismo u otro letrado de la Administración de Justicia, juez de paz, alcalde o concejal en quien este delegue, a elección de los contrayentes.Si se hubiere tramitado por el encargado del Registro Civil, el matrimonio deberá celebrarse ante el juez de paz, alcalde o concejal en quien este delegue, que designen los contrayentes.Si fuera el notario quien hubiera extendido el acta matrimonial, los contrayentes podrán otorgar el consentimiento, a su elección, ante el mismo notario u otro distinto del que hubiera tramitado el acta previa, el juez de paz, alcalde o concejal en quien este delegue. La prestación del consentimiento deberá realizarse en la forma prevista en el Código Civil.El matrimonio celebrado ante juez de paz, alcalde o concejal en quien este delegue o ante el letrado de la Administración de Justicia se hará constar en acta; el que se celebre ante notario constará en escritura pública. En ambos casos, deberá ser firmada, además de por aquel ante el que se celebra, por los contrayentes y dos testigos.Extendida el acta o autorizada la escritura pública, se entregará a cada uno de los contrayentes copia acreditativa de la celebración del matrimonio y se remitirá por el autorizante, en el mismo día y por medios telemáticos, testimonio o copia autorizada electrónica del documento al Registro Civil para su inscripción, previa calificación del encargado del Registro Civil.3. Celebración del matrimonio sin haberse tramitado el expediente o acta previaDispone el punto 10 del art. 58 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, lo siguiente: «Cuando el matrimonio se hubiere celebrado sin haberse tramitado el correspondiente expediente o acta previa, si éste fuera necesario, el Secretario judicial, Notario, o el funcionario Encargado del Registro Civil que lo haya celebrado, antes de realizar las actuaciones que procedan para su inscripción, deberá comprobar si concurren los requisitos legales para su validez, mediante la tramitación del acta o expediente al que se refiere este artículo».Si la celebración del matrimonio hubiera sido realizada ante autoridad o persona competente distinta de las indicadas anteriormente, el acta de aquella se remitirá al encargado del Registro Civil del lugar de celebración para que proceda a la comprobación de los requisitos de validez, mediante el expediente correspondiente. Efectuada esa comprobación, el encargado del Registro Civil procederá a su inscripción.4. Celebración del matrimonio fuera de EspañaSegún lo dispuesto en el por el apartado 9 del art. 58 de la Ley del Registro Civil, en este caso, corresponderá su celebración al funcionario consular o diplomático encargado del Registro Civil en el extranjero. Si uno o los dos contrayentes residieran en el extranjero, la tramitación del expediente previo podrá corresponder al funcionario diplomático o consular encargado del registro civil competente en la demarcación consular donde residan. El matrimonio así tramitado podrá celebrarse ante el mismo funcionario u otro distinto, o ante el juez de paz, alcalde o concejal en quien este delegue, a elección de los contrayentes.Si los contrayentes hubieran manifestado su propósito de contraer matrimonio en el extranjero, con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración o en forma religiosa y se exigiera la presentación de un certificado de capacidad matrimonial, lo expedirá el letrado de la Administración de Justicia, notario, encargado del Registro Civil o funcionario consular o diplomático del lugar del domicilio de cualquiera de los contrayentes, previo expediente instruido o acta que contenga el juicio del autorizante acreditativo de la capacidad matrimonial de los contrayentes (apartado 12 [sic] del art. 58 de la Ley del Registro Civil).El matrimonio celebrado en forma religiosaSe prevé en el artículo 58 bis de la Ley de Registro Civil que los matrimonios celebrados en la forma religiosa prevista por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España, requerirán la tramitación de un acta o expediente previo de capacidad matrimonial, como el previsto para el matrimonio celebrado por la vía civil. Cumplido este trámite, el letrado de la Administración de Justicia, notario, encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil que haya intervenido expedirá dos copias del acta o resolución, que incluirá, en su caso, el juicio acreditativo de la capacidad matrimonial de los contrayentes, que estos deberán entregar al ministro de culto encargado de la celebración del matrimonio.El consentimiento deberá prestarse ante un ministro de culto y dos testigos mayores de edad. En estos casos, el consentimiento deberá prestarse antes de que hayan transcurrido seis meses desde la fecha del acta o resolución que contenga el juicio de capacidad matrimonial. Sobre este requisito, la sentencia de la AP de Barcelona, rec. 13/2019, de 19 de marzo de 2021, ECLI:ES:APB:2021:940, reconoce que al acusar como partícipe de un delito de falsedad documental (cooperadora necesaria) a una mujer que aceptó participar como testigo y firmó en el expediente matrimonial, «a sabiendas que el acto matrimonial no se había celebrado. Se trata de una participación en el delito, con una intervención esencial, por cuanto la firma de los testigos es preceptiva, de conformidad con el art. 58 bis de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, respecto a los matrimonios celebrados de forma religiosa que determina que "El consentimiento deberá prestarse ante un ministro de culto y dos testigos mayores de edad"».Una vez celebrado el matrimonio, el oficiante extenderá certificación expresiva de la celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de identidad de los testigos y de las circunstancias del expediente o acta previa que necesariamente incluirán el nombre y apellidos del letrado de la Administración de Justicia, notario, encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular que la hubiera extendido, la fecha y número de protocolo en su caso. Esta certificación se remitirá por medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificación acreditativa de la condición de ministro de culto, dentro del plazo de cinco días al encargado del Registro Civil competente para su inscripción. Igualmente extenderá en las dos copias del acta o resolución previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebración del matrimonio entregando una a los contrayentes y conservará la otra como acta de la celebración en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa a la que representa como ministro de culto.La inscripción del matrimonio y del régimen económico matrimonialVigentes ya desde la entrada en vigor de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, los artículos 59 y 60 de la Ley del Registro Civil se ocupan de desarrollar el procedimiento de inscripción tanto del matrimonio como del régimen económico matrimonial. En este sentido, de acuerdo con el art. 59 de la Ley del Registro Civil:El matrimonio celebrado cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo 58 de la Ley del Registro Civil se inscribirá en los registros individuales de los contrayentes. El matrimonio celebrado ante autoridad extranjera accederá al Registro Civil español mediante la inscripción de la certificación correspondiente, siempre que tenga eficacia con arreglo a lo previsto en la Ley del Registro Civil.El matrimonio celebrado en España en forma religiosa accederá al Registro Civil mediante la inscripción de la certificación emitida por el ministro de culto, conforme a lo previsto en el artículo 63 del Código Civil.Practicada la inscripción, el encargado del Registro Civil pondrá a disposición de cada uno de los contrayentes certificación de la inscripción del matrimonio. La inscripción hace fe del matrimonio y de la fecha y lugar en que se contrae, así como produce el pleno reconocimiento de los efectos civiles del mismo frente a terceros de buena fe.Junto con la inscripción del matrimonio, se inscribirá el régimen económico por el que se rija el matrimonio y los pactos, resoluciones judiciales o demás hechos que puedan afectar al mismo (art. 60 de la Ley del Registro Civil).Cuando no se presenten escrituras de capitulaciones, se inscribirá como régimen económico matrimonial legal el que fuera supletorio de conformidad con la legislación aplicable. Para hacer constar en el Registro Civil expresamente el régimen económico legal aplicable a un matrimonio ya inscrito cuando aquel no constase con anterioridad y no se aporten escrituras de capitulaciones, será necesaria la tramitación de un acta de notoriedad.Otorgada ante notario escritura de capitulaciones matrimoniales, deberá este remitir, en el mismo día, copia autorizada electrónica de la escritura pública al encargado del Registro Civil correspondiente para su constancia en la inscripción de matrimonio. Si el matrimonio no se hubiera celebrado a la fecha de recepción de la escritura de capitulaciones matrimoniales, el encargado del registro procederá a su anotación en el registro individual de cada contrayente.La inscripción de la separación, nulidad y divorcioEn el artículo 61 de la Ley del Registro Civil se hace mención a la inscripción de la resolución judicial firme de separación, nulidad o divorcio. La novedad en este artículo fue la posibilidad de que los notarios pudieran autorizar escrituras públicas formalizando un convenio regulador de separación o divorcio. Por lo tanto, una vez se dicte la resolución judicial firme de separación, divorcio o nulidad, el letrado de la Administración de Justicia del juzgado o tribunal que la hubiera dictado tendrá que remitir, en el mismo día o al siguiente hábil y por medios electrónicos, testimonio o copia electrónica de la misma a la Oficina General del Registro Civil, la cual practicará de forma inmediata la correspondiente inscripción. Las resoluciones judiciales que resuelvan sobre la nulidad, separación y divorcio podrán ser objeto de anotación hasta que adquieran firmeza.La misma obligación tendrá el notario que hubiera autorizado la escritura pública formalizando un convenio regulador de separación o divorcio.Sobre esta obligación de inscripción de la sentencia de separación, nulidad o divorcio, se hace alusión en la sentencia dictada por el TSJ de Madrid n.º 448/2017, de 7 de junio, ECLI:ES:TSJM:2017:14044 que, haciendo mención de un matrimonio celebrado en el extranjero que no fue inscrito en el Registro Civil español, determina que no cabe la posibilidad de anotar en el mismo la sentencia de divorcio:«Pues bien, ciertamente, no constando la inscripción en el Registro Civil español del matrimonio del reagrupante, celebrado en Suecia, no cabía la anotación en el mismo de la sentencia de divorcio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil (LRC), y el artículo 264 del Decreto de 14 de noviembre de 1958 , que aprueba el Reglamento de Registro Civil, sin perjuicio de que el matrimonio celebrado ante autoridad extranjera pueda acceder al Registro Civil español mediante la inscripción de la certificación correspondiente, siempre que tenga eficacia con arreglo a lo previsto en la Ley (artículo 59.2 LRC)».Las resoluciones judiciales o las escrituras públicas que modifiquen las inicialmente adoptadas o convenidas también deberán ser inscritas en el Registro Civil.Las resoluciones sobre disolución de matrimonio canónico, dictadas por autoridad eclesiástica reconocida, se inscribirán si cumplen los requisitos que prevé el ordenamiento jurídico.

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Última revisión:04-05-2022

Conforme al principio de igualdad jurídica consagrado por el art. 14 de la Constitución Española, el art. 66 del Código Civil establece que los cónyuges son iguales en derechos y deberes.A diferencia de otros tiempos, el matrimonio no es una institución jerárquica, sino una institución bicéfala (entiéndase esto en relación a la vieja expresión «cabeza de familia»), estando ambos miembros del mismo en una situación de plena igualdad. Dicho principio, lógicamente, extiende sus efectos desde el momento de constitución del matrimonio hasta el de su extinción.Los arts. 67 a 71 del Código Civil establecen cuáles son los deberes recíprocos de los cónyuges. Estos no constituyen en realidad auténticas obligaciones y, en consecuencia, su violación no supone un verdadero incumplimiento contractual (lo que implica que el cónyuge perjudicado no pueda acudir al art. 1124 del CC).Sin embargo, esto no significa que no se trate de verdaderos deberes jurídicos, pues la desatención de los mismos por parte del cónyuge infractor puede considerarse como posible causa de desheredación (apdo. 1 del art. 855 del Código Civil), motivo de revocación de donaciones efectuadas por razón de matrimonio (art. 1343 del Código Civil) e, indirectamente, supuesto determinante del cese de la obligación legal de alimentos (apdo. 4 del art. 152 del Código Civil).No obstante, cabe recordar que hasta julio de 2005, el incumplimiento de los deberes «conyugales» establecidos en el Código Civil operaba como causa para la separación y el divorcio. Esta posibilidad cesa, definitivamente, cuando se entiende que «el ejercicio del derecho a no continuar casado no puede hacerse depender de la demostración de la concurrencia de causa alguna, pues la causa determinante no es más que el fin de esa voluntad expresada en la solicitud, ni, desde luego, de una previa e ineludible situación de separación». (Exposición de Motivos de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio).Atendiendo a los ya mencionados artículos 67 a 71 del Código Civil, se puede decir que los cónyuges tienen: El deber de respetarse y ayudarse mutuamente.El deber de actuar en interés de la familia. El deber de guardarse fidelidad.El deber de vivir juntos (a este respecto, existe presunción de convivencia) y de fijar un domicilio común, advirtiéndose de que, en el caso de que no lleguen a un acuerdo, resolverá el juez teniendo en cuenta el interés de la familia.A TENER EN CUENTA. Respecto a la obligación el vivir juntos, el art. 68 del CC parte de la premisa de una unión voluntaria para constituir un proyecto personal y familiar en común. Para ello, la cuestión de vivir juntos resulta conveniente o, incluso, esencial, de modo que la convivencia supone añadir un agregado al hecho de vivir juntos por sí solo, implicando una voluntad interna —animus— y una convivencia física necesaria —corpus—.El deber de socorrerse mutuamente.El deber de compartir responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y de otras personas dependientes a su cargo.JURISPRUDENCIASentencia del Tribunal Supremo n.º 566/2016, de 19 de octubre, ECLI:ES:TS:2017:3724«Pues bien, la guarda y custodia de los menores deriva de la patria potestad y de la patria potestad, entre otras cosas, deriva la fijación del domicilio familiar, según dispone el artículo 70 del Código Civil, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 del Código Civil, respecto de la obligación de vivir juntos. La ruptura matrimonial deja sin efecto la convivencia y obliga a los progenitores a ponerse de acuerdo para el ejercicio de alguna de estas facultades que traen causa de la patria potestad, entre otra la de fijar el nuevo domicilio y, como consecuencia, el de los hijos que se integran dentro del grupo familiar afectado por la ruptura coincidente por lo general con el de quien ostenta la guarda y custodia. Estamos, sin duda, ante una de las decisiones más importantes que pueden adoptarse en la vida del menor y de la propia familia, que deberá tener sustento en el acuerdo de los progenitores o en la decisión de uno de ellos consentida expresa o tácitamente por el otro, y solo en defecto de este acuerdo corresponde al juez resolver lo que proceda previa identificación de los bienes y derechos en conflicto a fin de poder calibrar de una forma ponderada la necesidad y proporcionalidad de la medida adoptada, sin condicionarla al propio conflicto que motiva la ruptura».Sentencia del Tribunal Supremo n.º 487/1990, de 19 de octubre, ECLI:ES:TS:1990:11114«Los hechos acreditados, que recoge el fundamento de derecho cuarto de la sentencia impugnada revelan indudablemente una acusación de infidelidad conyugal del demandante, hombre casado, hechos que no han sido controvertidos ni impugnados en el recurso. De esos hechos deriva inconcusamente un efecto vejatorio para la esposa, prescindiendo de la intención de quien se manifestó verbalmente al respecto; y, en el aspecto legal, el Código Civil consagra el deber de los esposos de respetarse mutuamente y guardarse fidelidad (arts. 67 y 68); además, es causa de separación la infidelidad conyugal y la conducta deshonrosa (injuriosa o vejatoria) (art. 82, 1.a), y, por último, es causa de desheredación del cónyuge la infidelidad conyugal, traducida en incumplimiento grave o reiterado de los deberes conyugales (art. 855, 1.°). En definitiva, no cabe duda que la atribución a uno de los cónyuges de una conducta de infidelidad hacia su consorte infringe esos preceptos que señalan consecuencias y la imposición de los deberes derivados del matrimonio. Por consiguiente, la esposa del demandante, también demandante, es indudable que resulta afectada sensiblemente por las intromisiones en el honor de su cónyuge en las circunstancias reveladas en los autos».Los anteriores deberes deben complementarse con la obligación recíproca de alimentos (art. 143 del CC) con el alcance o extensión que determina el art. 142 del meritado texto legal. En cuanto a la extinción de esta obligación, la sentencia del Tribunal Supremo n.º 839/2008, de 10 de octubre, ECLI:ES:TS:2008:5995 indica lo siguiente:«(...) el carácter familiar de la prestación alimenticia hace que ésta se extinga cuando los cónyuges han obtenido el divorcio, aunque se mantiene mientras subsiste el vínculo matrimonial, a pesar de que se haya producido la separación (...). Así, por ejemplo, la sentencia de 25 noviembre 1985 declaraba que la separación de hecho libremente consentida de los esposos, no priva a cada uno de recibir alimentos de su consorte conforme a los artículos 142 y ss, incluso aunque el marido siga pernoctando bajo el mismo techo si la mujer no dispone de bienes propios suficientes, en cuyo caso puede reclamarlos al marido (ver asimismo SSTS de 14-4 y 3-10-1974). En el mismo sentido, aunque utilizando la argumentación a partir de la disolución por divorcio, la sentencia de 29 junio 1988 declaraba que "el divorcio al suponer el no mantenimiento del matrimonio al haber sido disuelto, según claramente manifiesta el Art. 85 CC, no genera en cuanto a los cónyuges divorciados causa de obligación alimenticia determinada por aplicación de los invocados artículos 143, 150 y 152" CC. Y la de 23 septiembre 1996, citando la anterior, decía que "producido el divorcio dejan de ser cónyuges, desaparece la razón legal de alimentos, por esta causa, y la sentencia de alimentos pierde su eficacia, viniendo a regular la nueva situación el Derecho matrimonial y la sentencia de divorcio que a su amparo se dicta"».

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Última revisión:29-04-2022

Nuestro ordenamiento jurídico contempla y regula de forma expresa, a través de las distintas disposiciones del Código Civil, como regímenes económicos matrimoniales los siguientes:La sociedad de gananciales (artículos 1344 a 1410 del CC).El régimen de participación en las ganancias (artículos 1411 a 1434 del CC).El régimen de separación de bienes (artículos 1435 a 1444 del CC).El régimen económico matrimonial será aquel que los cónyuges decidan libremente a través de las capitulaciones matrimoniales. Sin embargo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1316 del CC, a falta de pacto, o en aquellos supuestos en los que las capitulaciones matrimoniales resultaran ineficaces, en los territorios de Derecho Común el régimen económico matrimonial aplicable es el de sociedad de gananciales.Los territorios de Galicia, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares cuentan con una legislación reguladora propia en lo concerniente a los regímenes económicos matrimoniales en concordancia con la existencia de un derecho civil foral o especial en sus territorios:Galicia: Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia. País Vasco: Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.Comunidad Foral de Navarra: Compilación de Navarra, aprobada mediante la Ley 1/1973, de 1 de marzo.Aragón: Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas.Cataluña: libro II del Código Civil de Cataluña, aprobado por Ley 25/2010, de 29 de julio.Comunidad Valenciana: Ley 10/2007, de 20 de marzo, de la Generalitat, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano. Matizar que, en este caso, la ley se encuentra derogada por la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 82/2016, de 28 de abril, recurso de inconstitucionalidad 9888/2007. Islas Baleares: Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Compilación del Derecho Civil de las Islas Baleares. 

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Última revisión:29-04-2022

La denominada como sociedad de gananciales encuentra su concepto legal en el artículo 1344 del CC, de conformidad con el cual se hacen comunes, entre uno y otro de los cónyuges, las ganancias o beneficios obtenidos durante el matrimonio, formándose, en consecuencia, una «masa común» para ambos cónyuges que coexistirá junto a los bienes privativos de cada uno de ellos. Dichos beneficios y ganancias «comunes» les serán atribuidos por mitad al disolverse dicha sociedad. La redacción de la sociedad de gananciales dada en el artículo 1344 del CC ha motivado diferentes tesis doctrinales respecto de su naturaleza jurídica. Por un lado, aquellos que entienden la sociedad de gananciales como una sociedad con personalidad jurídica propia, de otro lado, aquellos que entienden que tiene la misma consideración que una copropiedad ordinaria y, por último, aquellos que son partidarios de que la naturaleza de la sociedad de gananciales debe entenderse en forma de copropiedad germánica o mano común.En este sentido, y tal y como ponen de manifiesto los magistrados del Tribunal Supremo en su sentencia n.º 39/2016, de 8 de febrero, ECLI:ES:TS:2016:459, la mayor parte de la doctrina española, la jurisprudencia y las resoluciones de la Dirección General de los Registros y el Notariado, han acogido la naturaleza de la sociedad de gananciales como una copropiedad germánica, toda vez que, una vez constituida la sociedad de gananciales, ninguno de los cónyuges puede disponer, como privativos suyos, de la mitad indivisa de los bienes comunes, sino que los cónyuges son indistintamente titulares de un patrimonio. En la sociedad de gananciales, ninguno de ellos (los cónyuges) ostenta un derecho a una cuota que pueda ser objeto de enajenación ni que pueda dar lugar a la acción de división (con excepción de los supuestos de liquidación del régimen económico matrimonial  previsto en los artículos 1392 y siguientes del Código Civil). A TENER EN CUENTA. En el año 2020, la Dirección General de los Registros y del Notariado pasó a denominarse Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.La anterior sentencia hace referencia a lo ya reiterado por la Sala en sentencias anteriores, mentando a este respecto la exposición referida en la STS n.º 162/1994, de 4 de marzo,  ECLI:ES:TS:1994:1424 que, con referencia a la sociedad de gananciales, señalaba lo siguiente: «Durante el matrimonio el consorcio no da nacimiento a una forma de copropiedad de las contempladas en los artículos 392 y siguientes del Código Civil, al faltar por completo el concepto de parte, característica de la comunidad de tipo romano que allí se recoge, ni atribuible a la mujer, viviendo el marido y no habiéndose disuelto la sociedad conyugal, la propiedad de la mitad de los bienes gananciales, porque para saber si estos existen es preciso la previa liquidación, único medio de conocer el remanente y hacerse pago con él de la cuota correspondiente; no teniendo hasta entonces la mujer, más que un derecho expectante, que no le legitima para entablar la tercería de dominio, ya que no tiene la cualidad de tercero, esencial para ejercitar con éxito esta clase de acción, conjuntamente con la condición de propietario en exclusiva de los bienes en litigio. La situación jurídica de la mujer respecto a los bienes gananciales, es la propia de una propiedad en mano común de tipo germánico, que no permite la división en cuotas ideales, impidiendo que cualquiera de los esposos tenga la consideración de terceros; todo lo cual no es óbice para la mujer pueda en este caso disponer de otros procedimientos, para resarcirse de las consecuencias originadas por los actos cometidos por el marido en contra de la Ley o de sus legítimos intereses».De lo antedicho y, en concordancia con la postura mantenida por el Alto Tribunal en la materia que nos ocupa entre otras muchas, además de las ya mencionadas, la STS n.º 21/2018, de 17 de enero, ECLI:ES:TS:2018:55, podemos concluir, respecto de la naturaleza y características intrínsecas de la sociedad de gananciales, los siguientes extremos:  De la constitución de la sociedad de gananciales no surge una nueva personalidad jurídica. En este tipo de sociedad, ambos cónyuges son titulares de los bienes que conforman dicha sociedad y esa titularidad es compartida por partes iguales, pero los diversos objetos no les pertenecen pro indiviso, sino que integran el patrimonio común.Consecuencia directa de esta titularidad constituye el hecho de que los cónyuges y, en su caso, sus sucesores, mientras no liquiden la sociedad, no pueden disponer sobre mitades indivisas de los bienes comunes. Es decir, durante la vigencia del régimen de gananciales no puede considerarse que cada cónyuge sea copropietario del 50 % de cada bien. Para que se concrete la titularidad de cada cónyuge sobre bienes concretos, es precisa la previa liquidación y división de la sociedad.La sociedad de gananciales se configura como un patrimonio común dotado de autonomía, pero sin que llegue a alcanzar una personalidad jurídica propia capaz de contraer deudas como tal y por sí, sino solo a través de los cónyuges titulares del mismo, cuyos actos, según las normas del Código Civil, son los que vinculan y fijan la responsabilidad de la sociedad.

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Última revisión:27-06-2022

La regulación de las capitulaciones matrimoniales se encuentra en los arts. 1325 a 1335 del Código Civil. Las mismas constituyen un contrato otorgado por los cónyuges, antes o después del matrimonio, para fijar el régimen económico de este, así como para adoptar cualquier otra disposición por razón del mismo. En cualquier momento del matrimonio podrán modificar o sustituir el régimen económico o cualquier disposición contenida en las mismas.Se caracterizan por ser un negocio jurídico, bilateral, formal, ya que se exige que consten en escritura pública, y su validez queda condicionada a la celebración del matrimonio. La invalidez de las capitulaciones se regirá por las reglas generales de los contratos y la anulación no perjudicará a terceros de buena fe. Como limitación del contenido de las capitulaciones, el art. 1328 del CC establece la nulidad de cualquier estipulación que sea contraria a las leyes o a las buenas costumbres o que limite la igualdad de derechos correspondientes a cada uno de los cónyuges.Sobre este último límite, cabe destacar la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra n.º 202/2018, de 13 de junio, ECLI:ES:APPO:2018:1038, donde establece, en relación a la nulidad procedente del art. 1328 del CC, lo siguiente: «Así pues, aun partiendo de la libertad de pacto entre cónyuges (1255 del CC) han de respetarse ciertos límites que no son sólo los del art. 1328 CC, sino también como señala la tantas veces citada STS de 24 junio 2015 "la protección de la igualdad de los cónyuges"».En lo que respecta a la capacidad para otorgar capitulaciones matrimoniales, hay que tener en cuenta los cambios realizados por las últimas reformas legislativas, de forma que:Si los dos contrayentes son mayores de edad y no fueran personas con discapacidad necesitadas de medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, no necesitarán ningún complemento de capacidad.Si alguno o ambos contrayentes son menores de edad no emancipados, necesitarán el complemento de capacidad de sus padres o tutores para el establecimiento de la sociedad de gananciales, pero no lo necesitarán para los regímenes de separación de bienes o participación (art. 1329 del Código Civil). En este sentido, cabe tener en cuenta que la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria modificó el artículo 48 del Código Civil que habilitaba la posible dispensa por parte del juez para el impedimento de edad para contraer matrimonio a partir de los 14 años, los menores no emancipados no podrán contraer matrimonio (art. 46 del CC). Por ello, entendemos que el art. 1329 del CC, a pesar de no encontrarse derogado de forma expresa, no resulta aplicable por la reforma anteriormente mencionada).A TENER EN CUENTA. El artículo 1330 del CC por el que se regulaba la facultad de otorgar capitulaciones por los denominados «incapacitados» conforme a la normativa anterior quedó suprimido desde el 03/09/2021 por la Ley 8/2021, de 2 de junio.En las capitulaciones podrá ser modificado (art. 1331 del Código Civil) o sustituido el régimen económico o cualquier disposición que se haya establecido. Para adquirir plena eficacia, la modificación debe cumplir los mismos requisitos que el primer otorgamiento (deberá constar en escritura pública). Para ello, deberán asistir y concurrir aquellas personas que lo hicieran en el acto de otorgamiento de las mismas, si vivieran, y si la modificación afectara a derechos concedidos por estas personas. La modificación no afectará en ningún caso a los derechos ya adquiridos por terceros, tal y como dispone el art. 1317 del Código Civil.Respecto a este punto, el apdo. 3 del art. 9 del Código Civil establece que, en caso de modificación o sustitución del régimen económico del matrimonio, la ley aplicable a estos supuestos será la ley que rija los efectos del matrimonio, la ley de la nacionalidad o la de la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento.La existencia de pactos modificativos de anteriores capitulaciones se indicará mediante nota en la escritura que contenga la anterior estipulación y el notario lo hará constar en las copias que expida (art. 1332 del Código Civil).En la inscripción del matrimonio en el Registro Civil, se deberá hacer mención de las capitulaciones matrimoniales que se hubieran otorgado, así como a las modificaciones del régimen económico que se hubiesen hecho. En el art. 1333 del Código Civil se especifica que, si todo esto afectara a inmuebles, se tomará razón en el Registro de la Propiedad, según la forma y a los efectos que se prevé en la Ley Hipotecaria.En lo que concierne a la invalidez de las capitulaciones matrimoniales, el art. 1335 del Código Civil establece que esta se regirá por las reglas generales de los contratos. Las consecuencias de la anulación no perjudicarán a terceros de buena fe (el tercero protegido es aquel que, confiando en la apariencia de validez de las capitulaciones, adquiere derechos con anterioridad a la declaración de invalidez, ya se trate de derechos personales o reales). En relación con lo anterior, el art. 1334 del Código Civil declara la ineficacia de las capitulaciones matrimoniales prenupciales si transcurre un año desde su otorgamiento sin que se haya celebrado matrimonio.Sobre esta invalidez de las capitulaciones matrimoniales, las cuales deben considerarse como contratos, tal y como pone de manifiesto el mencionado art. 1335 del CC, la jurisprudencia se manifiesta a través de la sentencia del Tribunal Supremo n.º 370/2012, de 18 de junio, ECLI:ES:TS:2012:4410, al indicar lo siguiente:«Las capitulaciones matrimoniales son un contrato entre cónyuges relativo a bienes, celebrado sobre el supuesto de la existencia de una economía común del matrimonio. El contenido de los capítulos incluye la regulación total o parcial de esa economía. El matrimonio constituye la base del negocio jurídico de capitulaciones, pero no es su causa en sentido técnico; en definitiva, es un presupuesto de eficacia, porque sin matrimonio, las capitulaciones no tienen sentido. Y ello, porque los negocios de derecho de familia tienen unas peculiaridades que no permiten utilizar el concepto general de causa, en el sentido del art. 1261 CC, aunque las capitulaciones deban considerarse como contratos, como lo demuestra el art. 1335 CC.(...) el art. 1335 CC establece que la invalidez de las capitulaciones "[s]e regirá por las reglas generales de los contratos", por lo que declarada la falta de causa, se produce un defecto estructural de dicho capítulo y el tipo de ineficacia que debe ser aplicado es la nulidad. De aquí que, ejercitada esta acción y declarada la nulidad, no pueda aplicarse el plazo de caducidad establecido en el art. 1301 CC, que rige para los casos de anulabilidad, como ha reiterado esta Sala».

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Última revisión:27-06-2022

Las donaciones que se hagan por razón de matrimonio están reguladas en los arts. 1336 a 1343 del Código Civil.Son donaciones por razón de matrimonio (art. 1336 del Código Civil) las que, por causa de este, cualquier persona haga en favor de alguno de los contrayentes o de ambos antes de la celebración del mismo. El art. 1337 del Código Civil indica que estas donaciones se rigen por las reglas ordinarias de las donaciones en cuanto no se «modifiquen» por lo que el texto normativo dispone a continuación.Donante puede ser cualquiera, uno de los cónyuges o un tercero. Aunque donatario será necesariamente uno de los futuros esposos o ambos. A pesar de que la capacidad del donante se rige por las reglas generales de la donación ordinaria (art. 624 del Código Civil), el art. 1338 del Código Civil establece una excepción para el caso de que el donante sea uno de los futuros esposos y se trate de un menor no emancipado, pues en este caso necesitará la autorización de sus padres o del tutor. A TENER EN CUENTA. Debemos entender que el art. 1338 del CC, al igual que apuntamos anteriormente en el art. 1329 del CC, a pesar de no encontrarse derogado de forma expresa, tampoco resulta aplicable por la reforma de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria en donde se modificó el art. 48 del Código Civil, en tanto los menores no emancipados no pueden contraer matrimonio.Para aceptar las donaciones por razón de matrimonio, se estará a lo dispuesto en el título II del libro III del Código Civil, donde se trata la donación.A TENER EN CUENTA. A causa de la nueva legislación para las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (Ley 8/2021, de 2 de junio), habrá de estar a la espera de lo que indique la jurisprudencia respecto a la aceptación de donaciones por razón de matrimonio, a la vista de si les será de aplicación las reglas dispuestas en el título II del libro III del Código Civil (donación) en lugar de la regla genérica del art. 624 del Código Civil. En este sentido, en lo que respecta a la aceptación de las donaciones por razón de matrimonio, el art. 625 del CC debe interpretarse en el sentido de que, teniendo en cuenta la reforma mencionada, la aceptación para las personas anteriormente consideradas incapacitadas (ahora personas con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica) estará supeditada al caso concreto y a las medidas de apoyo que deba aplicarse a la persona.En el supuesto de la donación conjunta (art. 1339 del Código Civil), los bienes donados conjuntamente a los esposos pertenecerán a ambos en pro indiviso y por partes iguales, salvo que el donante haya dispuesto otra cosa.El art. 1340 del Código Civil establece una responsabilidad especial para el que diere o prometiere por razón de matrimonio: solo estará obligado al saneamiento por evicción o vicios ocultos si hubiere actuado con mala fe. El saneamiento supone el deber de indemnizar por los perjuicios causados.Por otro lado, el art. 1341 del Código Civil se refiere a las donaciones por razón de matrimonio tanto de bienes presentes como de bienes futuros de un futuro esposo al otro. En el primer párrafo del artículo se indica que podrán donarse bienes presentes. Por otro lado, el párrafo segundo permite la donación de bienes futuros, siendo los bienes futuros aquellos que se entienden donados solo para el caso de muerte. Dichas donaciones deberán hacerse en capitulaciones matrimoniales. Las donaciones por razón de matrimonio se entenderán ineficaces si no llegaran a contraerse en plazo de un año (art. 1342 del Código Civil). La ineficacia se produce igual, independientemente de que el matrimonio se produzca después, o aunque no se hubiera celebrado por causa ajena a la voluntad de los novios.Por último, el art. 1343 del Código Civil admite como causas de revocación de la donación por razón de matrimonio, algunas de las genéricas de las donaciones ordinarias, aunque excluye la causa de supervivencia o superveniencia de los hijos. Dichas causas genéricas serían:Incumplimiento de las cargas impuestas por el donante. En las otorgadas por terceros, se reputará incumplimiento de cargas, además de cualesquiera otras especificas a que pudiera haberse subordinado la donación, la anulación del matrimonio por cualquier causa, la separación y el divorcio si al cónyuge donatario le fueren imputables, según la sentencia, los hechos que los causaron. En las otorgadas por los contrayentes, se reputará incumplimiento de cargas, además de las específicas, la anulación del matrimonio si el donatario hubiere obrado de mala fe.Ingratitud. Se estimará ingratitud, además de los supuestos legales, el supuesto en que el donatario incurra en causa de desheredación del art. 855 del Código Civil o le sea imputable, según la sentencia, la causa de separación o divorcio.A la vista de lo anterior, hay que tener presente que las referencias realizadas a la revocación de la donación debido a la culpa del cónyuge donatario de la separación o divorcio no se aplican, conforme a lo estipulado por la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.

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Última revisión:27-06-2022

Inicio y final de la sociedad de ganancialesLas causas que determinan el inicio y el fin del régimen de la sociedad de gananciales vienen establecidas, respectivamente, en el artículo 1345 y los artículos 1392 y siguientes del Código Civil. El inicio de la sociedad de gananciales (salvo en aquellos casos en los que, en virtud de lo pactado en capitulaciones matrimoniales, los cónyuges hayan dispuesto válidamente regirse por otro régimen matrimonial distinto a este) lo marcará la celebración del matrimonio, por lo que debemos partir de la base de que no podemos hablar de la existencia de la sociedad de gananciales si, previamente, no se ha celebrado el matrimonio. Si bien, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 1326 del CC, la sociedad de gananciales podrá conformarse una vez celebrado el matrimonio en aquellos supuestos en los que los cónyuges decidan, posteriormente a la celebración, pactar en capitulaciones matrimoniales que será este régimen el que regirá en la administración y gestión de sus bienes, toda vez que el Código Civil prevé la posibilidad de otorgar capitulaciones matrimoniales tanto antes como después de celebrar matrimonio (artículo 1326 del Código Civil).CUESTIÓN¿Podrá modificarse el régimen económico matrimonial en virtud de pacto de los cónyuges dispuesto en documento privado?No. En este sentido, resulta de interés traer a colación las palabras recogidas por los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona que, en su sentencia n.º 527/2019, de 30 de julio, ECLI:ES:APB:2019:10479, en la que, a pesar de que debe tenerse en cuenta que no rigen en sus pronunciamientos las generalidades del derecho común, hacen referencia a la doctrina recogida por el Tribunal Supremo en esta materia (expuesta en, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo n.º 61/2006 de 3 de febrero, ECLI:ES:TS:2006:489), en la que la Sala del Alto Tribunal señala, en relación con la modificación del régimen de gananciales, que «a partir de la ley 14/1975, de 2 de mayo, fue posible pactar la disolución del régimen de gananciales durante el matrimonio, al permitir esta ley las capitulaciones después de celebrado. Por tanto, cualquier cambio de régimen debía y debe documentarse en la mencionada escritura de capítulos, ya que el artículo 1392, 4.º del Código Civil establece que el régimen también concluirá "cuando los cónyuges convengan un régimen distinto", pero siempre "en la forma prevenida en este Código" (artículo 1315 del Código Civil)». Así pues, en virtud de la doctrina expuesta y tal y como señalan los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona, puede concluirse que el régimen económico matrimonial solo puede modificarse mediante el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales.Para que, en los territorios en los que rige el derecho común, el inicio de la sociedad de gananciales tenga lugar de forma posterior a la celebración del matrimonio, habrá sido necesario que, de forma previa a la celebración de este, los cónyuges pactaran un régimen distinto mediante capitulaciones matrimoniales o que estas resultaren ineficaces.Por su parte, y en lo que respecta a la extinción del régimen económico matrimonial, son los artículos 1392 y 1393 del Código Civil aquellos preceptos legales donde se contemplan los supuestos que darán lugar al fin de dicha institución, disponiéndose la conclusión de pleno derecho de la sociedad de gananciales cuando:Se produzca la disolución del matrimonio.Sea declarado nulo.Sea acordada la separación legal de los cónyuges.Los cónyuges convengan un régimen económico distinto en la forma prevenida en el Código Civil; o, en virtud de decisión judicial en cualquiera de los casos recogidos por el artículo 1939 del CC.Bienes adquiridos conjuntamente por los cónyuges antes de contraer matrimonioTal y como hemos advertido anteriormente, no podemos hablar de la existencia de la sociedad gananciales si, previamente, no se ha celebrado el matrimonio y, tal y como refiere el apartado 1.º del artículo 1346 del CC, debe tenerse en cuenta que todos los bienes que pertenezcan a los cónyuges de forma previa al comienzo de la sociedad de gananciales serán privativos de cada uno de ellos. Así pues, en aquellos casos en los que los miembros de una pareja adquieran un bien de forma conjunta y previa al matrimonio, la propiedad de este pertenecerá a cada uno de los cónyuges de manera privativa en la proporción correspondiente a lo que cada uno de ellos haya contribuido para su adquisición.El carácter privativo no se perderá aun en aquellos casos en los que el bien adquirido de forma previa al matrimonio, haya sido comprado a plazos y dichos plazos hayan sido pagados en su totalidad o en parte con dinero ganancial una vez constituido el matrimonio, en cuyo caso, la sociedad tendría derecho de reembolso de las cantidades satisfechas vigente el matrimonio, y ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 1357 del Código Civil. Sin embargo, caso distinto ocurre para el supuesto de que el bien a tratar sea la vivienda o el ajuar familiar, ya que el apartado 2.º del antedicho precepto, exceptúa de la regla antedicha los referidos bienes, respecto de los cuales se aplicará el artículo 1354 del Código Civil: «Los bienes adquiridos mediante precio o contraprestación, en parte ganancial y en parte privativo, corresponderán pro indiviso a la sociedad de gananciales y al cónyuge o cónyuges en proporción al valor de las aportaciones respectivas».Naturaleza de la vivienda familiar inscrita a nombre de ambos cónyuges adquirida previamente a la celebración del matrimonioAsí pues, en aquellos casos en los que los miembros de una pareja adquieran un bien de forma conjunta y previa al matrimonio, la propiedad de este pertenecerá a cada uno de los cónyuges de manera privativa en la proporción correspondiente a lo que cada uno de ellos haya contribuido para su adquisición. Sin embargo, la respuesta respecto a la naturaleza de la vivienda familiar inscrita a nombre de los cónyuges, por mitad y pro indiviso, por haberse adquirido conjuntamente en estado de solteros por precio aplazado, de forma que, una parte del precio se pagó cuando aún eran solteros con dinero privativo de ellos, y el resto durante el matrimonio y con dinero ganancial, debe ser dada en aplicación del artículo 1354 del Código Civil en relación con la excepción prevista en el párrafo 2.º del artículo 1357 del mismo texto legal. Así, dicha vivienda corresponde pro indiviso a la sociedad de gananciales y a los dos esposos en proporción al valor de las respectivas aportaciones. Esta es la respuesta dada por la Sala Civil del Tribunal Supremo que, en su sentencia n.º 465/2016, de 7 de julio, ECLI:ES:TS:2016:3146, señalaba lo siguiente: «Este tema se sometió a enjuiciamiento de la Sala, que ofreció respuesta en sentencia de 31 de octubre 1989, pues el recurrente, sostenía que el inmueble pertenecía en su totalidad al marido ya antes de contraer matrimonio, por aplicación de lo establecido en el artículo 1346 CC, negando la aplicabilidad de los artículos 1357.2 º y 1354 CC al no tratarse de adquisición a plazos, pues el precio, aunque fuese acudiendo al préstamo hipotecario, se pagó al contado, como sucede en el supuesto del presente recurso, y, como también sucede en éste, se pagó después del matrimonio con dinero ganancial. El Tribunal de la sentencia citada, reiterada en la de 23 de marzo de 1992, sentó doctrina en el sentido de que, a efectos y aplicación de lo dispuesto en los artículos 1357 y 1354 CC, son plenamente equiparables las amortizaciones de la hipoteca solicitada para el pago del precio y los pagos de una compraventa a plazos. Así se infiere de la sentencia de 18 diciembre 2000 que hace mención al pago de "algunos de los plazos del crédito hipotecario"».CUESTIONES1. ¿Qué ocurre en aquellos supuestos en los que uno de los cónyuges ha aplicado caudal propio para la amortización de los préstamos obtenidos para la vivienda familiar y que son de cargo de la sociedad de gananciales? Tal y como anteriormente hemos estipulado, la propiedad de la vivienda habitual corresponde pro indiviso a la sociedad de gananciales y al cónyuge o cónyuges en proporción al valor de las aportaciones respectivas. Sin embargo, cuando uno de los cónyuges aporta caudal propio (de origen privativo de dicho cónyuge) para la amortización de dicho préstamo y que son de cargo de la sociedad, este ostentará un crédito contra la misma, actualizable con arreglo a los índices de depreciación de la monda a que se refiere el apartado 3.º del artículo 1398 del Código Civil en relación con el artículo 1364 del mismo texto legal, de conformidad con el cual: «el cónyuge que hubiere aportado bienes privativos para los gastos o pagos que sean de cargo de la sociedad tendrá derecho a ser reintegrado del valor a costa del patrimonio común». (Sentencia del Tribunal Supremo n.º 645/2006, de 19 de junio, ECLI:ES:TS:2006:37166).2. Para un matrimonio existieron varios domicilios familiares, y uno de ellos consta como privativo de uno de los cónyuges por haber sido adquirido en el momento previo de su estado civil de soltero. Sin embargo, se ha satisfecho parte de la amortización del mismo por parte del matrimonio en conjunto. ¿Podrá determinarse el carácter ganancial de dicha vivienda a tenor de la regla prevista en el apartado 2.º del artículo 1357 del CC, pese a que, en el momento de la disolución de la sociedad de gananciales, este no constituya domicilio familiar?No. Si la vivienda familiar pierde esta condición antes de disolverse la sociedad de gananciales, no sería aplicable el apartado 2.º del artículo 1357 del CC, sin perjuicio de los posibles reembolsos que procederían por los pagos de la vivienda realizados con cargo a fondos gananciales. Así pues, para estos casos, resultará de aplicación el artículo 1358 del CC, mediante el que se establece el derecho de reembolso que tiene la sociedad de gananciales por haber sido satisfecho con dinero de ambos cónyuges un bien de naturaleza privativa.  «La vivienda familiar es la que constituye el cobijo y alojamiento habitual del grupo familiar, con exclusión de las viviendas de mero recreo o de aquellas cuyo uso se limitaba a determinadas temporadas (fines de semana, vacaciones, etc.), esto es con exclusión de las denominadas segundas residencias. Ello significa que es difícil hablar de varias viviendas familiares, pues la vivienda familiar solo será una, aquélla que constituya el centro neurálgico de la familia, como entienden las sentencias de la A.P. de Barcelona de 22 de marzo de 1999 y de 23 de julio de 2008. En consecuencia, vivienda familiar solo es una, es decir, aquella donde de manera permanente y estable y como centro de convivencia íntima, han venido habitando los esposos e hijos hasta el momento de producirse la crisis del matrimonio. Puede que a lo largo de un matrimonio diversas viviendas hayan constituido el domicilio familiar, pero a la hora de liquidarse el régimen económico matrimonial solo a una de ellas, a la que constituye el domicilio familiar, cabe aplicar la regla contenida en el art. 1357.2 que remite al 1354 del CC». (SAP de Valencia n.º 543/2019, de 11 de septiembre, ECLI:ES:APV:2019:3617). 

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Última revisión:04-05-2022

Las causas que determinarán la extinción de la sociedad de gananciales vienen legalmente tasadas en nuestro ordenamiento jurídico. Dichas causas y, especialmente, el momento en el que se produce la efectiva extinción de este régimen, resultan de vital importancia a los efectos de determinar los bienes y cargas que compondrán el activo y pasivo objeto de liquidación.Las referidas causas vienen recogidas en los artículos 1392 y 1393 del CC. El primero de ellos contempla aquellas circunstancias que producirán la extinción de la sociedad de gananciales de pleno derecho, pudiendo ser estas:La disolución del matrimonio.La declaración de nulidad del mismo.Por separación legal de los cónyuges.En virtud de pacto en el que estos convengan un régimen económico distinto al de la sociedad de gananciales.Por su parte, el artículo 1393 del CC recoge la posibilidad de disolver la sociedad de gananciales a petición de uno de los cónyuges en aquellos casos en lo que haya recaído decisión judicial si respecto  del otro cónyuge se hubieren dispuesto judicialmente medidas de apoyo que impliquen facultades de representación plena en la esfera patrimonial, si hubiere sido declarado ausente o en concurso, o condenado por abandono de familia, por fraude, daño o peligro para los derechos en la sociedad ganancial del que solicita su disolución; por separación de hecho; por incumplimiento grave y reiterado del deber de información sobre la marcha, rendimientos y las actividades económicas. A TENER EN CUENTA. El artículo 1393 del Código Civil ha sido modificado por la Ley 8/2021, de 2 de junio, con entrada en vigor el 03/09/2021.De conformidad con las previsiones del Código Civil, el matrimonio se disolverá, por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio (apartado 1.º del artículo 1392 en relación con el art. 85 del CC). En este sentido, cabe advertir que, tal y como ha declarado reiteradamente la jurisprudencia emanada por el Tribunal Supremo, en aquellos casos en los que la disolución del matrimonio deviene en virtud del fallecimiento de uno de los cónyuges, la sociedad se transforma en una comunidad por cuotas sobre todos y cada uno de los bienes gananciales. (Sentencia del Tribunal Supremo n.º 524/2012, de 18 de julio, ECLI:ES:TS:2012:5678).Extinción por sentencia de nulidad, separación o divorcioHemos de comenzar estableciendo que la admisión de la demanda de nulidad, separación o divorcio no tiene como efecto inmediato la extinción del régimen económico matrimonial, sino que las disposiciones contenidas en el Código Civil relativas a los efectos comunes de la nulidad, separación y divorcio prevén que sea la sentencia firme, el decreto firme o la escritura pública que formalicen el convenio regulador, en su caso, los que producirán, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución o extinción del régimen económico matrimonial (artículo 95 del Código Civil).Asimismo, cabe advertir que los efectos jurídicos previstos para la disolución del matrimonio por declaración de nulidad del apartado 2.º del artículo 1392 del CC dependerán de que uno de los cónyuges actuara de buena fe y, en su virtud, pueda regir el denominado como «matrimonio putativo», reconociéndose los efectos del matrimonio nulo desde el momento de su celebración hasta que se produjo la declaración judicial de nulidad (momento en el que deberá entenderse efectivamente disuelta la sociedad de gananciales) para así, proteger los intereses del cónyuge de buena fe y de los hijos del contrayente (artículo 79 del CC). En caso contrario, será como si el matrimonio nunca hubiera existido. Para aquellos casos en los que uno de los cónyuges hubiera sido declarado de mala fe, podrá el otro optar por la liquidación del régimen matrimonial según las normas de la sección del Código Civil relativas al régimen de la sociedad de gananciales o por las disposiciones relativas al régimen de participación, y el contrayente de mala fe no tendrá derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte.CUESTIONES1. ¿Podremos solicitar que en la resolución judicial por la que se declare la nulidad, separación o divorcio se acuerde la disolución del régimen económico matrimonial desde la fecha en la que se produjo el cese efectivo de la convivencia y, con ello, la separación de hecho? No, salvo que concurran circunstancias excepcionales que pongan de manifiesto la actuación de mala fe por parte de alguno de los cónyuges. El artículo 1392 del CC establece que la sociedad de gananciales concluye de pleno derecho, entre otras causas, por la disolución del matrimonio (muerte, declaración de fallecimiento o divorcio) mientras que el 1393-3.º del CC dispone que también concluye la sociedad de gananciales por decisión judicial, a petición de uno de los cónyuges, cuando exista separación de hecho por más de un año o por abandono del hogar y, si bien es cierto que la jurisprudencia ha admitido, no obstante, que cuando media una separación de hecho seria y prolongada en el tiempo, no se considerarán gananciales los bienes individualmente adquiridos por cualquiera de los cónyuges, especialmente cuando lo sean por el propio trabajo o industria, la Sala del Alto Tribunal ha matizado dicha doctrina en la sentencia del Tribunal Supremo n.º 501/2019, de 28 de septiembre, ECLI:ES:TS:2019:2951, en la que reza lo siguiente:«Esta sala ha abordado recientemente la cuestión en su sentencia núm. 297/2019, de 28 de mayo, en un supuesto en que se interesaba que se declarara la extinción de la sociedad de gananciales en el momento de adopción de las medidas provisionales en el proceso matrimonial (...). Refiere que el legislador no ha considerado oportuno ni siquiera que la admisión de la demanda de separación o divorcio tenga como efecto inmediato la extinción del régimen económico matrimonial y sí, por el contrario, que suponga la revocación de los consentimientos y poderes otorgados. Se reconoce que la jurisprudencia de la sala ha admitido, no obstante, que cuando media una separación de hecho seria y prolongada en el tiempo, no se considerarán gananciales los bienes individualmente adquiridos por cualquiera de los cónyuges, especialmente cuando lo sean por el propio trabajo o industria. Sin embargo, ahora precisa el Tribunal Supremo que "Esta doctrina, como puso de relieve la sentencia 226/2015, de 6 de mayo, no puede aplicarse de un modo dogmático y absoluto, sino que requiere un análisis de las circunstancias del caso. Es lógico que así sea porque, frente a los preceptos que establecen que la sociedad de gananciales subsiste a pesar de la separación de hecho ( arts. 1393.3 .º, 1368 y 1388 CC ) solo cabe rechazar la pretensión del cónyuge que reclama derechos sobre los bienes a cuya adquisición no ha contribuido cuando se trate de un ejercicio abusivo del derecho contrario a la buena fe ( art. 7 CC )"».2. En aquellos supuestos en los que nos encontremos ante una sentencia de nulidad, separación o divorcio, en caso de que haya existido violencia, ¿puede tomarse como fecha de disolución de la sociedad de gananciales la de la orden de protección dictada por el juzgado de violencia de la mujer? No. En este sentido, resulta de interés traer a colación la sentencia del Tribunal Supremo n.º 136/2020, de 2 de marzo, ECLI:ES:TS:2020:667, por la que la Sala anula la sentencia objeto de recurso al atribuir a la separación de hecho (que identificaba a partir del momento de un auto que otorgaba de protección a la esposa) efecto automático de disolver el régimen de gananciales con el argumento de que ya no existe rezón de ser y fundamento de la comunidad.Así pues, reza la Sala que «La sentencia prescinde, por tanto, de lo dispuesto en los arts. 95 y 1392 CC y no tiene en cuenta que la doctrina jurisprudencial que admite que no se integren en la comunidad bienes que, conforme al régimen económico serían comunes, se dirige a evitar el ejercicio abusivo de un derecho contrario a la buena fe conforme al art. 7 CC, que impera en todo el ordenamiento».Extinción por resolución judicial con otros contenidos (art. 1393 del CC)La sociedad de gananciales también puede extinguirse en virtud de resolución judicial que contenga un contenido diferente al del reconocimiento de la nulidad, separación o divorcio. En este sentido, el artículo 1393 del CC en relación con el artículo 1394 del mismo texto legal, prevé la extinción de la sociedad de gananciales por decisión judicial, a petición de uno de los cónyuges y con efectos desde la fecha en la que esta resolución sea acordada, en los siguientes casos: 1.º Si respecto del otro cónyuge se hubieren dispuesto judicialmente medidas de apoyo que impliquen facultades de representación plena en la esfera patrimonial, si hubiere sido declarado ausente o en concurso, o si hubiere sido condenado por abandono de familia. Para que la autoridad judicial acuerde la disolución, bastará que el cónyuge que la pidiere presente la correspondiente resolución judicial.2.º Venir el otro cónyuge realizando por sí solo actos dispositivos o de gestión patrimonial que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro en la sociedad.Si bien es cierto que, tal y como establece el artículo 1394 del CC, los efectos de la extinción de la sociedad se producirán desde la fecha en la que se acuerde, el Código Civil establece que si, como consecuencia de un acto de administración o de disposición llevado a cabo por uno solo de los cónyuges, hubiere este obtenido un beneficio o lucro exclusivo para él o, a sensu contrario, ocasionado dolosamente un daño a la sociedad, será deudor a la misma por su importe, aunque el otro cónyuge no impugne, cuando proceda, la eficacia del acto. Además, cabe advertir que si el adquiriente hubiera procedido de mala fe, el acto será rescindible (artículos 1390 y 1391 del CC). 3.º Llevar separado de hecho más de un año por acuerdo mutuo o por abandono del hogar.Tal y como se deduce de la disposición establecida en el apartado 3.º del artículo 1393 del CC en relación con lo previsto en el artículo 1394 del CC, la separación de hecho no produce como efecto la disolución del régimen, pero si dura más de un año permite a cualquiera de los cónyuges solicitar su extinción, lo que solo tendrá lugar cuando se dicte la correspondiente resolución judicial. 4.º Incumplir grave y reiteradamente el deber de informar sobre la marcha y rendimientos de sus actividades económicas.El incumplimiento grave y reiterado por parte de uno de los cónyuges del deber de informar al otro de los rendimientos de sus actividades económicas previsto en el artículo 1383 del CC, faculta a este último, de conformidad con lo previsto en el apartado 4.º del artículo 1393 del mismo texto legal, a solicitar que por resolución judicial se disuelva la sociedad de gananciales. Asimismo, tal y como se prevé en el citado artículo, en la disolución de la sociedad por el embargo de la parte de uno de los cónyuges por deudas propias se estará a lo especialmente dispuesto en el Código Civil. Todos los efectos de las disoluciones en virtud de las causas antedichas se producirán desde la fecha en la que sean acordadas las resoluciones judiciales en las que se solicita dicha extinción (artículo 1394 del CC). Sin embargo, una vez iniciada la tramitación del pleito sobre la causa de disolución, el referido artículo prevé la posibilidad de que se practique el inventario de la sociedad, pudiendo adoptar el juzgador aquellas medidas que se consideren necesarias para la administración del caudal, requiriéndose licencia judicial para todos los actos que excedan de la administración ordinaria. Extinción del régimen económico de la sociedad de gananciales: acuerdo de los cónyugesEl régimen económico matrimonial también concluirá de pleno derecho cuando los cónyuges así lo estipulen en capitulaciones matrimoniales y ello, de conformidad con el apartado 4.º del artículo 1392 del CC, en relación con el artículo 1315 del mismo texto legal, mediante el que se faculta a los cónyuges a decidir el régimen económico que regirá durante su matrimonio mediante dichas capitulaciones. La modificación del régimen económico matrimonial realizada durante el matrimonio no perjudicará, en ningún caso, los derechos ya adquiridos por terceros (artículo 1317 del CC). Así pues, mientras no se hayan pagado por entero las deudas de la sociedad, los acreedores conservarán sus créditos contra el cónyuge deudor, respondiendo el cónyuge no deudor con los bienes que le hubieren sido adjudicados. CUESTIÓN¿Es necesario que el acreedor, encontrándose ante una modificación del régimen económico matrimonial en virtud de capitulaciones por el que se establece un régimen de separación de bienes, solicite la declaración de rescisión o nulidad de estas para ejercer acción rescisoria contra los bienes gananciales? No. Siempre y cuando nos encontremos ante un supuesto en el que el carácter ganancial de la obligación para cuyo cumplimiento se procede sea cuestión pacífica, en base al principio de subsidiaridad y, en concordancia con las previsiones legales contenidas en el artículo 1317 del CC, la modificación del régimen económico matrimonial de sociedad de gananciales por otro distinto no puede perjudicar, en ningún caso, los derechos adquiridos por terceros en relación con los bienes que integran la misma, aunque estos fueran adjudicados al cónyuge que no contrajo directamente la deuda. Lo que acontece es que el cónyuge deudor responde ilimitadamente, ultra vires, y el otro cónyuge (el no deudor) solo con los bienes que le fueron adjudicados, si se hubiese formulado debidamente inventario judicial. (Sentencia AP de Zamora n.º 228/2016, de 22 de noviembre, ECLI:ES:APZA:2016:379).