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Última revisión: 20-01-2022

Para la formulación de la demanda de recurso de amparo se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

  • Jurisdicción y competencia: conforme al artículo 161.1 b) de la Constitución española y 48 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, conocerán de los recursos de amparo las salas del Tribunal Constitucional y, en su caso, las secciones.
  • Se inicia por demanda que recogerá (art. 49 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional):
    • Exposición de los hechos en que se fundamenta. 
    • Preceptos constitucionales infringidos. 
    • El amparo que se solicita (preservar o restablecer el derecho).
    • Se acompañará la acreditación de la representación del solicitante del amparo, copia o certificado de la resolución recaída en el procedimiento judicial o administrativo.
    • Deben entregarse tantas copias de la demanda y documentación como partes hubiera y una para el Ministerio Fiscal.
  • Incumple los requisitos: se inadmite el recurso. Se concede plazo de 10 días para subsanación.

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Última revisión: 15-03-2022

En el siguiente esquema se muestran qué conceptos no estarán incluidos en la tasación de costas. Estos supuestos se encuentran previstos en los apartados 2 y 3 del art. 243 de la LEC, tales como:

  • Derechos correspondientes a actuaciones o escritos inútiles o superfluos.
  • Partidas no expresadas de forma detallada o devengadas durante la celebración del pleito.
  • Actos de comunicación, cooperación, auxilio por parte del procurador, así como las actuaciones facultativas.
  • Por las actuaciones o incidentes en que hubiese sido condenada de forma expresa la parte favorecida por el pronunciamiento en costas del asunto principal.

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Última revisión: 16-03-2022

El esquema que nos ocupa ofrece una visión general de los plazos de interposición de los diferentes recursos existentes en el orden civil; para ser más concretos:

Recurso de apelación: permite impugnar sentencias o autos sin que existan motivos tasados para ello; basta con sentirse perjudicado por la decisión del fallo.

Recurso de reposición: permite la impugnación de resoluciones de tramitación (diligencias de ordenación y providencias) que no estén sujetas a otro tipo de recursos.

Recurso de revisión: recurso especial que pretende discutir los elementos fácticos en los que se ha basado el proceso judicial, planteando una alternativa que supone la iniciación de un nuevo proceso. En realidad, la noción de recurso no es correcta, ya que no continúa el procedimiento sino que inicia uno nuevo.

Recurso de queja: recurso que pretende la impugnación de autos que denieguen la tramitación de los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal y casación.

Recurso extraordinario por infracción procesal: recurso que pretende la correcta observancia e implantación de las normas y garantías procesales frente a las resoluciones de las audiencias provinciales.

Recurso de casación: se trata de un recurso que supone una apelación extraordinaria frente al Tribunal Supremo. Los motivos para su interposición están tasados y, en el orden civil, son los siguientes:

  • Infracción de normas aplicables para resolver cuestiones objeto del proceso.
  • Tutela civil de derechos fundamentales (salvo el artículo 24 de la CE).
  • Cuantía del proceso que exceda los 600.000 euros.
  • En caso de no superar los 600.000, la resolución objeto de recurso debe presentar el llamado interés casacional.

Recurso extraordinario en interés de la ley: recurso que pretende la unificación de la doctrina jurisprudencial cuando existan discrepancias en las resoluciones que resuelvan sobre recursos extraordinarios por infracción procesal por parte de las salas de lo civil y penal de los tribunales superiores de justicia. 

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Última revisión: 20-01-2022

Según lo indicado por la Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en conjunción con el Real Decreto 304/2014, referido al reglamento de la precitada ley, se impone a los abogados (además de otros sujetos) una serie de obligaciones que podemos dividir en tres áreas:

  1. Obligaciones de diligencia debida (normales, simplificadas o reforzadas). Dichas obligaciones se encuentran desarrolladas en los arts. 3 a 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril y arts. 4 a 16 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 
  2. Obligaciones de información. Previstas en los arts. 17 a 25 de la Ley 10/2010 y arts. 23 a 30 del RD 304/2014.
  3. Obligaciones de control interno. Arts. 26 a 33 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y arts. 31 a 40 del RD 304/2014. 

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Última revisión: 16-03-2022

El siguiente esquema contiene los criterios para que se le impongan costas a la acusación particular, dichos criterios no vienen descritos en ninguna ley de forma específica, sino que debemos de recurrir a la jurisprudencia que establece que estas costas deben incluirse entre las impuestas al condenado, a excepción de que las pretensiones de la acusación particular sean desproporcionadas en relación a las deducidas por el MF (STS 208/2017, de 28 de marzo, ECLI:ES:TS:2017:1024).

Como regla general, se atribuirán las costas a la acusación particular en los delitos perseguibles a instancia de parte, a no ser que se motive especialmente que las costas deben recaer sobre el perjudicado y no sobre el condenado. Por otra parte, se excluirán las costas cuando su actuación haya resultado notoriamente inútil o superflua.

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Última revisión: 16-03-2022

El presente esquema establece los plazos generales que podemos encontrar en el orden penal según la naturaleza de los procedimientos, por ello se determina que:

En la fase de instrucción se cuentan todos los los días, ya que todos los días son hábiles.

En los juicios rápidos y delitos leves del servicio de guardia se cuentan, de nuevo, todos los días al ser estos hábiles. El mismo esquema ofrece el matiz contenido en el artículo 965 de la Lecrim en caso de que no sea posible la celebración del juicio durante el servicio de guardia (por falta de competencia o no proceder el sobreseimiento), por lo que el letrado de la Administración de Justicia procederá al señalamiento para la celebración del juicio en el día hábil más próximo en un plazo no superior a los siete días.

En el resto de procedimientos serán inhábiles los sábados, domingos, 24 y 31 de diciembre, los festivos así como el mes de agosto. 

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Última revisión: 16-03-2022

El siguiente esquema contiene que partidas o gastos se incluyen en las costas del procedimiento penal. Dichos gastos se recogen en el art. 241 de la LECrim, y serían:

  • Honorarios devengados por los abogados y peritos.
  • Reintegro del papel sellado empleado en la causa.
  • Pago de los derechos de arancel.
  • Indemnizaciones correspondientes a los testigos que las hayan reclamado y otros gastos que se hayan ocasionado en la instrucción de la causa. Éstas se fijarán mediante Decreto por el LAJ.

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Última revisión: 20-01-2022

El fuero general de las personas físicas se regula en el artículo 50 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se establece que la competencia territorial corresponderá, salvo que la ley disponga otra cosa, al tribunal del domicilio del demandado y si no lo tuviere en el territorio nacional, será competente el juez de su residencia en dicho territorio.

Las personas que no tengan domicilio ni residencia en España podrán ser demandados en el lugar en el que se encuentren dentro del territorio nacional o en el de su última residencia en este y, si tampoco pudiera determinarse así la competencia, en el lugar del domicilio del actor. En el caso de empresarios y profesionales, en los litigios derivados de su actividad empresarial o profesional, también podrán ser demandados en el lugar donde se desarrolle dicha actividad y, si tuvieren establecimientos a su cargo en diferentes lugares, en cualquiera de ellos a elección del actor.

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Última revisión: 20-01-2022

El procedimiento se encuentra regulado en los artículos 46 a 58 de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Dispone, en términos generales, el artículo 162. 1 b) de la Constitución española que están legitimados para interponer recurso de amparo toda persona, natural o jurídica con interés legítimo en el proceso, el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal.

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Última revisión: 16-03-2022

El siguiente esquema contiene como es la condena en costas en los casos en los que se interpone un recurso de suplicación o de casación en el orden social (Art. 235 de la LJS).

El primer bloque se refiere a las costas procesales en caso de interponer el recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia, y el segundo bloque sobre la interposición del recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El órgano encargado de resolver del recurso podrá condenar en costas a la empresa recurrente, con un límite de 1.200 euros en el recurso de suplicación y 1.800 euros en el recurso de casación.

Como vemos, la regla general es la interposición de costas en los casos de desestimación del recurso, sin embargo, existen excepciones:

  • Ser beneficiario de la justicia gratuita.
  • Sindicatos.
  • Funcionarios y empleados públicos.
  • Procesos sobre conflictos colectivos.
  • Que no haya una estimación total de las pretensiones de la parte contraria.