Esquemas | Ejercicio profesional de la abogacía

Los apartados 1.º y 2.º del art. 44 de la LCSP determina los contratos y actuaciones susceptibles de recurso especial en materia de contratación:

• Respecto a los contratos:

La sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social. Las costas comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que ...

Descubre los elementos excluidos de la tasación de costas según el artículo 243.2 de la Ley 1/2000, desde escritos inútiles, superfluos o no autorizados hasta honorarios no devengados, los derechos de los procuradores devengados y los actos procesales de comunicación, cooperación y auxilio a la Administración de Justicia. Estos elementos están descritos en detalle, para que conozcas todas ...

Dentro del régimen sancionador aplicable a los abogados/as en el ejercicio de su profesión, el presente esquema describe los derechos que tendrá el afectado durante el desarrollo del procedimiento. Nos referimos a:

• Derecho a ser notificado de los hechos que se le imputan, esto es, el profesional de la abogacía debe conocer aquellas acciones u omisiones que han motivado el inicio del ...

El presente esquema profundiza en uno de los supuestos que pueden derivar en una responsabilidad civil por parte de los abogados/as, como es la llamada pérdida de oportunidad.

La perdida de oportunidad supone la imposibilidad de ejercer determinada acción o derecho por parte del representado, posibilidad frustrada por la omisión del profesional de la abogacía.

Ahora bien, el esquema especifica ...

El Estatuto General de la Abogacía Española exige a los profesionales de la abogacía que respeten los principios de independencia, libertad, dignidad e integridad, así como el secreto profesional. Además, la publicidad de los abogados no debe suponer la revelación de hechos amparados por el secreto profesional, la incitación al pleito, ofrecer servicios profesionales a víctimas directas o ...

El artículo 518 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil establece la caducidad de la acción ejecutiva fundada en sentencia judicial, resolución arbitral o acuerdo de mediación si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución.