Derecho de extranjería
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Última revisión:30-09-2022

De acuerdo con el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos humanos:1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.Por lo que, la nacionalidad es la unión jurídica de un individuo con un Estado en el que ha nacido o ha sido naturalizado e integrado. Este vínculo es un derecho fundamental, y constituye el estatuto jurídico de las personas. El concepto incluye nociones vinculadas a factores sociales, espaciales, culturales y políticos.La nacionalidad lleva aparejada una serie de derechos que puede exigir a la organización estatal a la que pertenece, y también se puede imponer el cumplimiento de una serie de obligaciones. Ejemplos de derechos adquiridos por la nacionalidad son la educación gratuita, recibir ayudas del Gobierno, o el derecho de protección por parte del Estado. Esto no solo engloba asistencia jurídica gratuita, sino que también ofrece protección y asesoramiento de un individuo en el extranjero. Por otra parte, ejemplos de obligaciones frente al Estado pueden ser el cumplimiento de sus normas o la realización de la declaración de impuestos correspondientes a su situación fiscal. Cada país se rige por sus propias normas sobre nacionalidad, por ello, cada nación tiene derecho a decidir quién merece su nacionalidad y en qué casos se puede perder. En nuestro país la nacionalidad se adquiere, se conserva y se pierde, de acuerdo con los establecido en el Código Civil español.Aun así, existen leyes internacionales sobre aspectos generales de la nacionalidad, como puede ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos.Por último, hay que aclarar que el concepto de nacionalidad no es el mismo que el de ciudadanía, ya que esta última está relacionada con los derechos políticos y sociales de una persona en un país determinado, como puede ser el derecho a voto; sin embargo, contar con dicha ciudadanía no implica tener la nacionalidad.En cuanto a la nacionalidad española, el artículo 11 de la Constitución Española señala que:«1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen».

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Última revisión:25-10-2022

La adquisición de la nacionalidad española se regula en los artículos 17 y siguientes del Código Civil, distinguiendo los siguientes tipos:La nacionalidad española de origen.La nacionalidad española por posesión de estado.La nacionalidad española por opción.La nacionalidad española por carta de naturaleza.La nacionalidad española por residencia.Artículo 17 «1. Son españoles de origen:a) Los nacidos de padre o madre españoles.b) Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España.c) Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad.d) Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos efectos, se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español.2. La filiación o el nacimiento en España, cuya determinación se produzca después de los dieciocho años de edad, no son por sí solos causa de adquisición de la nacionalidad española. El interesado tiene entonces derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a contar desde aquella determinación».

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Última revisión:25-10-2022

Es una de las formas de adquisición de la nacionalidad más frecuente. De los artículos 17 y 19 del CC se infiere que son españoles de origen:Los nacidos de padre o madre españoles.Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España. En este caso, se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos o consulares que estén acreditados en España.Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieran de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos le atribuye al hijo una nacionalidad.Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. En estos estos casos se presumen nacidos en territorio español los menores cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español.El extranjero menor de 18 años adoptado por un español adquiere, después de la adopción, la nacionalidad española de origen.  A TENER EN CUENTA. Si de acuerdo con el sistema jurídico del país de origen el menor adoptado mantiene su nacionalidad, esta será reconocida también en España.

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Última revisión:26-10-2022

Adquisición de la nacionalidad española de origen por los nacidos o adoptados en EspañaDe acuerdo con los artículos 17.2 y 19.2 del CC, se podrá optar por la nacionalidad española de origen en dos casos:Cuando la filiación o el nacimiento en España, cuya determinación se produce después de los 18 años, no son por sí solos causa de adquisición de la nacionalidad española, el interesado tendrá derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a contar desde aquella determinación.Cuando en caso de adopción, el adoptado es mayor de 18 años, podrá optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción.Adquisición de la nacionalidad española de origen por los nacidos fuera de EspañaAsimismo y de acuerdo con la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, se dispone una regla para la adquisición de la nacionalidad española para los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, los cuales podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil.En la sentencia del Tribunal Supremo n.º 507/2014, de 30 de septiembre, ECLI:ES:TS:2014:3757, nos encontramos con una ciudadana argentina, hija de padre español, y nieta de abuelo paterno español nativo. Primero, el Consulado español de Argentina practicó su inscripción de nacimiento como española y se le otorgó el pasaporte español. El problema surge cuando trata de tramitar la nacionalidad de su marido, ya que el consulado realiza de oficio un expediente de rectificación de error respecto del acta de nacimiento, cancelando el asiento marginal de opción por la nacionalidad española, al no hallarse bajo la patria potestad de su padre en el momento en que este recuperó la nacionalidad española. Esto se debe a que el padre no fue inscrito como español en el Registro Civil Consular de Buenos Aires hasta el 10 de noviembre de 1994, con 51 años. En ese momento ella ya tenía 20 años y se había casado 7 meses antes, lo que le hizo dejar de estar sujeta a la patria potestad de su padre. De este modo, la estimación del recurso pasaría por conceder efecto retroactivo al acto administrativo de reconocimiento de la nacionalidad española, cosa que no se puede hacer. Por ello, no se aprecia vulneración del artículo 11.2 de la Constitución, ya que la recurrente, parte de unos hechos que no son ciertos, que es que su padre mantuvo la nacionalidad que tenía de origen y nunca la perdió, cosa que no pasó, y tampoco que su abuelo mantuviese la nacionalidad española ni que inscribiera a su hijo en el Registro Civil español, ni siquiera declaró que tuviera la voluntad de mantener la nacionalidad española. Se guarda la posibilidad de poder recuperar la nacionalidad española por opción.Asimismo, igualmente podrán adquirir la nacionalidad española las personas que se encuentren en los siguientes supuestos:Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.A TENER EN CUENTA. Queda derogada desde el 21 de octubre de 2022, en virtud de la disposición derogatoria única de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.En todos los supuestos, la declaración de opción para adquirir la nacionalidad española deberá formalizarse en el plazo de 2 años desde la entrada en vigor de la Ley 20/2022, de 19 de octubre (21 de octubre de 2022).CUESTIÓNEl plazo de 2 años contemplado en el apdo. 2 de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, ¿podrá prorrogarse?Sí, el Consejo de ministros podrá acordar una prórroga de un año.En relación con esta modalidad de opción por la nacionalidad española y con la finalidad de resolver las dudas que en su aplicación pudiesen surgir se ha pronunciado la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP), en su Instrucción de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, en la cual establece las siguientes directrices:La solicitud-declaración de opción se presentará en los modelos oficiales establecidos y ante el encargado de la oficina general o consular del Registro Civil que corresponda.Los asientos de inscripción de nacimiento y nacionalidad se extenderán con sujeción a las normas registrales.Quedará sometida esta opción a las condiciones previstas en los artículos 20 y 23 del CC, salvo la renuncia a la nacionalidad anterior. No obstante, cabe destacar su plazo especial previsto.Podrán optar por la nacionalidad española en los términos analizados sin que deban aportar la documentación ya presentada para obtener la nacionalidad española no originaria las siguientes personas:Los que, siendo hijos de padre o madre originariamente español y nacido en España, hubiesen optado a la nacionalidad española no de origen en virtud del artículo 20.1. b) del Código Civil.Los hijos menores de edad, de quienes adquirieron la nacionalidad española, por aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que optaron, a su vez, a la nacionalidad española no de origen, en virtud del ejercicio del derecho de opción, previsto en el artículo 20.1. a) del Código Civil, por estar bajo la patria potestad de un español.Los criterios para la aplicación de estas directrices se pueden resumir en los siguientes:a) Naturaleza y características del derecho de opción a la nacionalidad españolaEl artículo 20 del CC hace referencia a la opción como modo derivativo de adquirir la nacionalidad española, si bien, la derogada Ley 52/2007, de 26 de diciembre, en su D.A. 7.ª aludía al derecho a optar por la nacionalidad española de origen que se venía interpretando en el sentido de que se adquiría la nacionalidad española de origen, pero de forma sobrevenida. La nueva Ley 20/2022, de 19 de octubre, suprime aquel término señalando «(...) podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil (...)», surgiendo la duda de cuál es la naturaleza de la opción prevista en ella.Concluye la DGSJFP que se deben interpretar de la misma forma pese al tenor literal de la nueva Ley 20/2022, de 19 de octubre: «(...) se ha de considerar que adquieren la nacionalidad española de origen, pero adquirida de forma sobrevenida, produciendo efectos desde su adquisición».b) Personas que pueden ejercitar el derecho de opción a la nacionalidad española reconocido Podrán ejercitar el derecho de opción:Tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella, podrán ejercitar la opción prevista en la D.A. 8.ª, apartado 1, párrafo 1.º, de la Ley 20/2022, de 19 de octubre.El supuesto del apartado 1. a) de la D.A. 8.ª de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, se repara la discriminación sufrida por las mujeres españolas casadas con extranjeros que, por aplicación de la legislación española en materia de nacionalidad anterior a la Constitución Española de 1978, no podían transmitir dicha nacionalidad a sus hijos.El supuesto del apartado 1. b) de la D.A. 8.ª de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, elimina la limitación establecida en la regulación anterior, permitiendo el ejercicio del derecho de opción a la nacionalidad española a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos a quienes les fue reconocida la opción a la nacionalidad española de origen en virtud de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, y, también, en virtud de la Ley 20/2022, de 19 de octubre.c) CompetenciaSerá competente la correspondiente oficina del Registro Civil, en este sentido:La declaración de opción, el juramento o promesa y, en su caso, la renuncia se formulará ante el encargado de la oficina del Registro Civil del domicilio del optante, que lo calificará e inscribirá.Si el optante ha nacido en el territorio correspondiente a la demarcación de otra oficina del Registro Civil, se remitirá la solicitud y la documentación presentada a la oficina del Registro Civil correspondiente al nacimiento.d) ProcedimientoEn cuanto al procedimiento para solicitar la nacionalidad española:Se establecen modelos normalizados para la solicitud.Deberá presentarse personalmente en el Registro Civil del domicilio del interesado.Si no se acreditan los requisitos en el momento de la presentación, el optante tendrá que completar la prueba en el plazo de 30 días naturales desde el requerimiento.Los encargados de la oficina general o consular del Registro Civil que reciban dichas solicitudes darán valor de acta al modelo oficial de solicitud-declaración mediante la incorporación de una diligencia de autenticación que podrá realizarse en el período de dos años de vigencia de la D.A. 8.ª de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, prorrogable por un año más en virtud de acuerdo de Consejo de ministros, o, incluso, en un momento posterior al vencimiento del citado plazo y de su eventual prórroga, siempre que la solicitud-declaración en modelo normalizado se hubiere presentado dentro de dicho plazo o prórroga.Si el encargado del Registro Civil denegara la opción a la nacionalidad española por no cumplir los requisitos, se le notificará formalmente al interesado, para que pueda interponer el correspondiente recurso ante la DGSJFP.e) DocumentaciónEn todo caso, debe acompañarse:Documento que acredite la identidad del solicitante.Certificación literal de nacimiento del solicitante.Se establecen una serie de documentos adicionales para cada uno de los supuestos previstos en la D.A. 8.ª de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, como: certificados de nacimientos de padre, madre, abuelo/a; acreditación de la condición de exiliado...f) Prueba de la condición de exiliado en el supuesto del párrafo 1.º, apartado 1 de la D.A. 8.ª de la Ley 20/2022, de 19 de octubreLa prueba de la condición de exiliado se efectuará mediante los siguientes documentos:Los que acrediten haber sido beneficiarios de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados que prueba directamente y por sí sola el exilio.Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las oficinas de refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias.Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio.La documentación de los dos últimos puntos ha de presentarse unida a alguno de los siguientes documentos: pasaporte o título de viaje, certificado del registro de matrícula del consulado, certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país o documentación de la época del país de acogida en el que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.Finalmente, «se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En estos supuestos, deberá acreditarse, la salida del territorio español mediante cualquiera de los documentos enumerados en este punto. Si la salida de España se produjo entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978 deberá acreditarse la condición de exiliado».  

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Última revisión:25-10-2022

Además de los supuestos mencionados para optar por la nacionalidad española de origen (art. 17.2 y art. 19.2 del CC), se hace referencia a la adquisición de la nacionalidad por opción, con carácter general en el artículo 20 del CC. Este artículo en su apartado 1 reconoce este derecho a:Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español.Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España.En los términos ya vistos, aquellas personas cuya filiación o nacimiento en España se determine después de los 18 años y el adoptado mayor de esta edad.El artículo 20.2 del CC distingue los siguientes supuestos, según quién formule la declaración de opción de la nacionalidad española:Por el representante legal del optante menor de 14 años. Si existe discrepancia entre los representantes legales sobre la tramitación de la declaración, se tramitará el expediente de jurisdicción voluntaria correspondiente.Por el propio interesado mayor de 14 años, asistido por su representante legal. El ejercicio del derecho de opción en este caso no estará sujeto a límite alguno de edad.Por el interesado, por sí solo, si está emancipado o es mayor de 18 años. La opción caducará a los 20 años, pero si el optante no estuviera emancipado según su ley personal al llegar a los 18 años, el plazo para optar se prolongará hasta que transcurran dos años desde la emancipación.Por el interesado con discapacidad con los apoyos y ajustes de procedimiento que, en su caso, precise.Por el interesado, por sí solo, dentro de los dos años siguientes a la extinción de las medidas de apoyo que le hubieran impedido ejercitarla con anterioridad.

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Última revisión:17-01-2023

El artículo 18 del CC concede la nacionalidad española a aquella persona que haya poseído y utilizado la nacionalidad española durante diez años ininterrumpidos, con buena fe y basada en un título inscrito en el registro civil, aunque se anule el título que la originó.Se entiende que es de buena fe cuando no tenga conocimiento de que no es español en realidad. El interesado debe haber mantenido una actitud activa en dicha posesión y utilización de la nacionalidad española, lo que conlleva a que deberá haberse comportado teniéndose a sí mismo por español, tanto en el disfrute de sus derechos como en el cumplimiento de sus deberes ante la Administración. La nacionalidad española no se perderá, aunque se anule el título inscrito en el registro civil.JURISPRUDENCIASentencia del Tribunal Supremo n.º 1026/1998, de 28 de octubre, ECLI:ES:TS:1998:6268«Como afirma la doctrina, "si se llega a demostrar que quien estaba beneficiándose de la nacionalidad española 'iure sanguinis o iure soli', no era, en realidad español" (en este caso supondría que no tenía la plena nacionalidad), al ser nulo el título de atribución respectivo, no parece justo que la eficacia retroactiva de la nulidad, (recogida "expresis verbis" en la Ley descolonizadora), se lleve a sus últimas consecuencias en materia de nacionalidad».Sentencia del Tribunal Supremo n.º 432/2017, de 11 de julio, ECLI:ES:TS:2017:2724«Como ya pusieron de manifiesto la resolución de la Encargada del Registro Civil, el Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial, no puede reconocerse al demandante la nacionalidad, con valor de simple presunción, por posesión de estado de dicha nacionalidad durante diez años, con buena fe y basada en un título inscrito, prevista en el art. 18 del Código Civil, porque lo que solicitó ante el Registro Civil no fue eso, sino la recuperación de la nacionalidad española prevista en el art. 26 del Código Civil.No puede estimarse un recurso de casación en un litigio cuyo objeto era la pretensión de recuperación de la nacionalidad española, cuando en el recurso ni siquiera se alega y se argumenta la infracción del precepto legal que la regula, que es el art. 26 del Código Civil.5.-Tanto el Registro Civil como el Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial hicieron ver al demandante que la vía adecuada para obtener tal declaración de nacionalidad, con valor de simple presunción, por posesión de estado, no era la iniciada mediante la comparecencia ante el Registro Civil que dio lugar al expediente gubernativo y posterior proceso judicial. Pese a ello, la representación del demandante persistió en sostener la pretensión de recuperación de la nacionalidad pero invocando en su apoyo argumentos y preceptos legales que eran pertinentes para obtener la declaración de la nacionalidad con valor de simple presunción, cuando lo adecuado habría sido abandonar la vía emprendida e intentar de nuevo la vía registral para obtener esta última pretensión, solución que le era indicada con reiteración y que, de haberse seguido, es posible que hubiera determinado hace tiempo que el demandante viera reconocida su nacionalidad española como lo han conseguido algunos hermanos y conocidos suyos en los que concurrían las mismas circunstancias».

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Última revisión:17-01-2023

La carta de naturaleza es el derecho que un país concede a un extranjero a ser considerado como natural del mismo. No está sujeta a las normas generales del procedimiento administrativo y tiene carácter graciable, esto es, sin sujeción a precepto. Esta forma de adquisición de la nacionalidad, normalizada en el artículo 21 del CC, será concedida por el Gobierno de manera discrecional mediante real decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales.La concesión por carta de naturaleza caduca a los ciento ochenta días de su notificación, siempre y cuando en este plazo no comparezca el interesado ante el funcionario competente para cumplir los requisitos del artículo 23 del CC, cuales son:Que el mayor de 14 años y capaz para prestar una declaración por sí jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes.Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito los naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y los sefardíes originarios de España.A TENER EN CUENTA. El 1 de abril de 2022 entró en vigor el Convenio de Nacionalidad entre España y Francia, por lo que en la actualidad Francia es otro de los países con los que es posible obtener la doble nacionalidad. En concreto la Instrucción de 31 de marzo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerdan los criterios para la aplicación del Convenio de nacionalidad entre el Reino de España y la República Francesa establece «los franceses que adquieran la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia están exentos del requisito establecido en el artículo 23.b) del Código Civil de renuncia a la nacionalidad anterior, en este caso, la francesa y, por otra parte, los españoles emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente la nacionalidad francesa, no perderán la nacionalidad española».Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil español.Ejemplos de dichas circunstancias excepcionales son las de los deportistas que han participado o van a participar en competiciones internacionales como representantes de España, o la de las víctimas de un atentado terrorista en territorio español. Este último caso viene recogido en el artículo 41 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, al establecer que «la condición de víctima del terrorismo a la que se refiere el artículo 4.1 de dicha ley se considerará como circunstancia excepcional a los efectos de la adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza».Podrán solicitar la nacionalidad por carta de naturaleza: a) El interesado emancipado mayor de dieciocho años.b) El mayor de 14 años asistido por su representante legal.c) El representante legal del menor de 14 años. d) El interesado con discapacidad con los apoyos y ajustes de procedimiento que, en su caso, precise.En los dos casos anteriores, el representante legal solo podrá formular la solicitud si previamente ha obtenido autorización.A TENER EN CUENTA. El artículo 21 del Código Civil se ha visto modificado en su apartado 3, letras c) y d), por la publicación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, con entrada en vigor el 3 de septiembre de 2021.

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Última revisión:28-10-2022

A TENER EN CUENTA. Se modifica la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia por la Orden JUS/1018/2022, de 24 de octubre, en vigor desde el 29 de octubre de 2022, para desarrollar con mayor precisión la tramitación y resolución del procedimiento para la obtención de la nacionalidad española por residencia. Los artículos que se modifican de la citada orden son el 7.3 relativo al plazo de subsanación por la falta de los documentos requeridos con respecto a las pruebas del Instituto Cervantes, el artículo 10.4 en cuanto a la documentación identificativa necesaria para la identificación de los candidatos del examen DELE y CCSE y, por último, se modifica el artículo 10.5 referido a la normativa específica en la administración de las pruebas DELE y CCSE para las personas con discapacidad.El artículo 21.2 del CC prevé la posibilidad de adquirir la nacionalidad española por residencia en España, en las condiciones del artículo 22 del CC y mediante concesión del ministro de Justicia, el cual podrá denegarla por motivos razonados de orden público o interés nacional.El procedimiento de adquisición de la nacionalidad española por residencia, antes completamente físico, ahora ha pasado a ser en gran parte telemático, debido a la entrada en vigor del Reglamento de Nacionalidad Española por residencia (Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia), de la Orden JUS/1625/2016, y de la D.F. 7.ª de la Ley 19/2015 de 13 de julio.El procedimiento para la adquisición de este tipo de nacionalidad se podría dividir en cuatro fases siendo un procedimiento electrónico en todas ellas: 1. Solicitud.2. Instrucción.3. Resolución.4. Jura e Inscripción en el registro civil.SolicitudEn primer lugar, los interesados deberán superar tanto los exámenes para la obtención del diploma de español como lengua extranjera (DELE) como mínimo de nivel A2, como la prueba que acredite los valores históricos, constitucionales y socioculturales de España (CCSE), derivados de la configuración de España como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y del conocimiento y respeto de los principios que conforman la convivencia en la sociedad española (art. 6 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia).CUESTIÓN¿Habrá alguna exoneración en cuanto a la superación del examen para la obtención del diploma de español como lengua extranjera?Sí, estarán dispensados de la prueba los interesados que hayan obtenido con anterioridad un diploma de español como lengua extranjera como mínimo de nivel A2, así como los nacionales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.La solicitud se tramitará y se resolverá en el registro civil del domicilio del solicitante. Se debe abonar el importe de la tasa y deberá ir acompañada de la siguiente documentación:Modelo de solicitud normalizado y, en su caso, mandato o poder del representante voluntario en formato electrónico, presentada en la sede electrónica del Ministerio de Justicia (sede.mjusticia.gob.es).Justificante del pago de tasa.Certificado de nacimiento del país de origen debidamente legalizado y traducido en su caso, salvo que el interesado acredite su condición de refugiado o apátrida, en los términos que determine el Ministerio de Justicia.Pasaporte completo y en vigor del país de origen (debe coincidir con el del país de origen que conste en la tarjeta de residencia), salvo que el interesado acredite su condición de refugiado o apátrida, en los términos que determine el Ministerio de Justicia.La documentación relativa al grado de integración en la sociedad española. No obstante, no será necesario aportar la justificación de las pruebas superadas ante el Instituto Cervantes cuando en el modelo de solicitud se autorice expresamente la consulta.Certificado de antecedentes penales de su país de origen, traducido y legalizado, de acuerdo con los convenios internacionales existentes. Si se trata de nacionales de países de la Unión Europea se puede sustituir por el certificado del Registro Central de Penados español donde conste expresamente que se ha consultado los antecedentes con el país de origen. Este documento podrá sustituirse por el certificado consular de conducta expedido sobre la base de consulta a las autoridades competentes del país de origen.Certificado de matrimonio del país de celebración, en caso de personas casadas, debidamente traducido y legalizado.En el caso de menores emancipados legalmente, escritura pública de emancipación o auto del juez encargado del registro civil. A TENER EN CUENTA. El modelo de solicitud incluirá las autorizaciones en favor de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que resulten necesarias para la resolución del procedimiento. No obstante, las autorizaciones de consulta de los datos del interesado relativos al domicilio y de los datos obrantes en el Registro Central de Penados y en la aplicación de extranjería gestionada por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y por la Secretaría General de Inmigración y Emigración, podrán sustituirse, respectivamente, por la aportación del certificado de empadronamiento, el certificado del Registro Central de Penados, y la tarjeta de identidad de extranjero, tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, o certificado de Registro de ciudadano de la Unión.En caso de que el interesado sea menor de 18 años no emancipado o persona con la capacidad modificada judicialmente y sujeta a un régimen de representación legal, deberá aportase además de la señalada anteriormente la siguiente documentación:a) Menor de catorce años o persona con la capacidad modificada judicialmente y sujeta a un régimen de representación legal, la solicitud deberá ir firmada por los representantes legales y aportarse:1. Autorización del encargado del Registro Civil del domicilio del menor o persona con la capacidad modificada judicialmente. Cuando no proceda dicha autorización deberá acreditarse la representación legal.2. Certificado de centro de formación, residencia, acogida, atención o educación especial que acredite el suficiente grado de integración, obligatorio en el caso de niños de edad escolar. En el caso de menores en edad preescolar, la prestación de dicho certificado será voluntaria.b) En caso de que el interesado sea mayor de 14 años, pero menor de 18 y no tiene la capacidad judicialmente modificada, la solicitud deberán firmarla tanto el interesado como su representante legal, debiendo aportarse además la siguiente documentación:1. Certificado de centro de formación, residencia o acogida que acredite el suficiente grado de integración.2. Documento identificativo de quien ostente la representación cuando esta concurra en quien tenga la patria potestad. En el caso de representación distinta a la patria potestad, deberá aportarse auto judicial donde se designe la representación legal.A TENER EN CUENTA. Podrán acompañarse, en su caso, cuantos documentos e informes se consideren oportunos. Todos los documentos presentados en formato electrónico que precisen firma del solicitante serán suscritos mediante certificado electrónico reconocido del interesado, de su representante o, en su caso, del correspondiente profesional habilitado. En los casos de presentación telemática de la solicitud, cuando sean obligatorias varias firmas de un mismo documento, una de ellas será electrónica y las demás serán manuscritas y escaneadas en el propio documento.InstrucciónLa tramitación del procedimiento será electrónica y su instrucción corresponderá a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que durante la instrucción realizará las siguientes actuaciones:Consulta de los antecedentes penales del Registro Central de Penados cuando el interesado sea mayor de 18 años y siempre y cuando conste en la solicitud la autorización expresa para la consulta firmada por el promotor. En caso de que el promotor no consienta la consulta, deberá aportar en la solicitud el certificado del Registro Central de Penados.Consulta del resultado obtenido en las pruebas DELE y CCSE del Instituto Cervantes siempre y cuando conste en la solicitud la autorización expresa para la consulta firmada por el solicitante. En caso de que el interesado no consienta la consulta, deberá aportar en la solicitud las certificaciones de superación de ambas pruebas. Estas pruebas serán obligatorias en los casos y términos previstos en el artículo 10 de la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia.Solicitud de los datos del empadronamiento al Instituto Nacional de Estadística, siempre que en la solicitud conste la autorización expresa para esta consulta. En caso de que el interesado no consienta la consulta, deberá aportar en la solicitud el certificado de empadronamiento.Consulta de los datos referidos a la residencia en España que obren en poder de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría General de Inmigración y Emigración.Solicitud del informe preceptivo al Ministerio del Interior al objeto de comprobar si el solicitante reúne los requisitos exigidos en el artículo 22 del Código Civil. Este informe comprenderá el juicio sobre la conducta y situación del interesado respecto de las obligaciones que impone su entrada y residencia en España.Solicitud de oficio del informe del Centro Nacional de Inteligencia respecto de su ámbito competencial propio.Solicitud de oficio a las Administraciones públicas de cuantos informes sean necesarios.Solicitud al interesado de cualquier otro documento que se considere necesario para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 22 del Código Civil o cuando los presentados no acrediten suficientemente los requisitos necesarios para la obtención de la nacionalidad.CUESTIONES1. ¿A quién corresponderá acreditar que se han cumplido los requisitos de residencia, buena conducta e integración en la sociedad española?De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, corresponde al interesado probar el cumplimiento de los requisitos de residencia, buena conducta, e integración en la sociedad española, en los términos establecidos en el CC y en el referido reglamento.2. ¿Podrá subsanarse la falta de alguno de los documentos requeridos?Sí, de acuerdo con el artículo 7.3 de la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia, se concederá un plazo de 3 meses desde la notificación del requerimiento, para que se subsane la falta o se acompañen los documentos requeridos. Esto significa que queda suspendido el cómputo del plazo existente para la resolución y notificación del procedimiento iniciado hasta su efectivo cumplimiento o el transcurso del plazo concedido para ello. En dicho requerimiento se indicará que, de no efectuarse la subsanación en el plazo establecido se le tendrá por desistido de la pretensión, y se procederá al archivo del procedimiento por desistimiento tácito del solicitante, dictándose la correspondiente resolución que pondrá fin a la vía administrativa. Toda la documentación relacionada con la solicitud de la nacionalidad española por residencia que, durante la instrucción del expediente, se reciba en papel en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) se digitalizará y adjuntará al expediente electrónico, correspondiendo a la DGSJFP la custodia y conservación de la documentación original.A TENER EN CUENTA. El artículo 7.3 de la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, ha sido modificado por la Orden JUS/1018/2022, de 24 de octubre, en vigor desde el 29 de octubre de 2022, contemplando la suspensión del cómputo del plazo existente para la resolución y notificación del procedimiento ya iniciado hasta su efectivo cumplimiento o el transcurso del plazo concedido para ello. Además, se añade el archivo del procedimiento por desistimiento tácito del solicitando en caso de no efectuarse la subsanación en el plazo establecido lo que pondrá fin a la vía administrativa.ResoluciónLa Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, a la vista del expediente, elaborará la correspondiente propuesta de resolución de concesión o denegación de la solicitud de nacionalidad para su elevación al ministro de Justicia que será el competente para resolver a la vista de la misma.En cuanto al plazo para ser resuelto y notificado el procedimiento será de máximo un año desde que la solicitud haya tenido entrada en la DGSJFP.CUESTIÓN¿Qué ocurrirá en el caso de que haya transcurrido el plazo de un año sin que haya recaído resolución?En el caso de que haya transcurrido el plazo de un año sin que haya recaído resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes formuladas por los interesados.Pero ¿cuándo adquirirá eficacia la resolución de concesión de la nacionalidad por residencia? De acuerdo con el artículo 12 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, la eficacia de la resolución de concesión quedará supeditada a que, en el plazo de 180 días contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución al interesado o a su representante, se realicen ante el encargado del registro civil la jura o promesa, renuncia a la nacionalidad anterior cuando proceda e inscripción en el registro civil contempladas en el artículo 23 del CC.A tal efecto, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública deberá remitir al registro civil toda evidencia de la que tenga conocimiento acerca del incumplimiento del requisito de buena conducta cívica posterior a la resolución de concesión de la nacionalidad, evidencia que, una vez concedido plazo de alegaciones al interesado y declarada por el órgano decisor competente la ineficacia del acto de concesión fundada en razones de orden público, y en la que constarán expresamente los hechos en los que se basa la denegación, impedirá la inscripción registral de la nacionalidad.Y finalmente, en el plazo de 5 días desde las manifestaciones señaladas en los párrafos anteriores, el encargado del registro civil competente por razón del domicilio del interesado en España procederá a la inscripción de la adquisición de la nacionalidad española, poniéndose con ello fin al procedimiento.A TENER EN CUENTA. Cuando no conste que se haya acreditado anteriormente la autenticidad de los documentos aportados por el interesado al expediente electrónico, el encargado del registro civil los cotejará con sus respectivos originales, que deberá exhibir el interesado antes de que el encargado proceda a la inscripción registral.RecursosLa resolución que ponga fin al procedimiento de la concesión o denegación de la nacionalidad española por residencia es susceptible de recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.Si interpuesto recurso de reposición transcurriese un mes sin que se haya notificado la resolución del mismo, se entenderá desestimado el recurso por silencio administrativo y podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación. Si no hubiera notificación, el plazo para recurrir será de seis meses y se contará a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que este deba entenderse presuntamente desestimado (art. 13 Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia).Inscripción en el registro civil de la nacionalidad españolaEl artículo 68 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (en vigor desde el 30/04/2021) dispone que la adquisición de la nacionalidad española por residencia, carta de naturaleza y opción, como también su recuperación y las declaraciones de voluntad relativas a la vecindad, se inscribirán en el registro individual, teniendo carácter constitutivo.CUESTIÓN¿En qué consiste ese registro individual al que hace mención el artículo anterior?El registro individual se define en el artículo 5 de la Ley 20/2011, de 21 de julio. Es un registro con el que contará cada persona, en el que se harán constar los hechos y actos relativos a la identidad, estado civil y demás circunstancias en los términos de la citada ley.Este registro se abrirá con la inscripción de nacimiento o con el primer asiento que se practique, y en él se inscribirán o anotarán, continuada, sucesiva y cronológicamente, todos los hechos y actos que tengan acceso al registro civil. A cada registro individual abierto con el primer asiento que se practique se le asignará un código personal constituido por la secuencia alfanumérica generada por el registro civil, que será única e invariable en el tiempo.Es importante saber que no podrá inscribirse la nacionalidad española adquirida por cualquiera de las vías que reconoce el ordenamiento jurídico si no se ha efectuado la inscripción previa de nacimiento.Las declaraciones de voluntad relativas a la adquisición de la nacionalidad española por residencia, carta de naturaleza y opción, así como su recuperación, conservación o pérdida, y las declaraciones de voluntad relativas a la vecindad, podrán realizarse ante el encargado del registro civil, notario, o funcionario diplomático o consular encargado del registro civil.

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Última revisión:17-01-2023

En esta manera de obtener la nacionalidad, que se regula en el artículo 22 del CC, se requiere que el interesado haya residido en España de forma legal y de manera continuada e inmediatamente anterior a la petición, por un periodo de diez años. Se reducirá a cinco años el requisito para aquellas personas que hayan obtenido la condición de refugiado.Será de dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o de sefardíes.Bastará con un año de residencia para:El que haya nacido en territorio español.El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar.El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, curatela con facultades de representación plena, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con español o española sin estar separado legalmente o de hecho. A estos efectos, se entenderá que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero.El viudo o viuda de española o español, si en el momento de la muerte del cónyuge no estaban separados, de hecho, o judicialmente.El nacido fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.A TENER EN CUENTA. El artículo 22 del del Código Civil se ha visto modificado en su apartado 2, letra c), por la publicación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, con entrada en vigor el 3 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVARDGRN (ahora DGSJFP) de 15 de junio de 2005«[...] el Tribunal Supremo en su Sentencia de 7 de noviembre de 1999 (Sala de lo contencioso-administrativo) ha elaborado una doctrina jurídica sobre el concepto de "territorio español" a propósito de la interpretación y correcta inteligencia del apartado a) del n.º 2 del artículo 22 del Código civil, que permite la reducción del plazo legal de residencia necesaria para adquirir la nacionalidad española a un solo año respecto del que "haya nacido en territorio español". El debate jurídico se centraba en la correcta interpretación de la expresión "territorio español" utilizada por tal precepto que se presentaba como concepto que comprende y abarca el antiguo territorio colonial del Sahara español. La cuestión fue dilucidada en la citada Sentencia precisando con gran rigor los conceptos de "territorio español" y "territorio nacional", llegando a la conclusión de que sólo éste se circunscribe al territorio metropolitano, en tanto que aquél admite dos acepciones, una amplia y otra restringida, de forma que en su acepción amplia (la restringida se confunde con el concepto de territorio nacional) incluye todos aquellos espacios físicos que estuvieron bajo la autoridad del Estado español y sometidos a sus leyes, ya sean colonias, posesiones o protectorados».En todos los supuestos anteriores, la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición y el interesado deberá acreditar buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española. La falta de estos requisitos puede provocar la denegación de la solicitud de nacionalidad por residencia.

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Última revisión:25-10-2022

En cuanto al requisito de la residencia legal continuada, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha marcado por medio de varias resoluciones que:Si se solicita la nacionalidad por diez años de residencia, las salidas del país en ese tiempo no pueden superar los 6 meses.Si se solicita la nacionalidad por medio de cualquier otro de los plazos (5, 2 o 1 año) las salidas en ese tiempo no pueden superar los 3 meses.Para la validez de la adquisición de la nacionalidad por residencia, carta de naturaleza o por opción, se tendrán que cumplir los requisitos del artículo 23 del Código Civil. Estos son:Que el mayor de catorce años y capaz para prestar una declaración por sí jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes.Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. Quedan exentos de este requisito los nacionales de los países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y los sefardíes originarios de España.Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil español.