Prácticos | Derecho concursal

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Concursal

Última revisión: 20-03-2026

Los honorarios del letrado de la concursada solo son crédito contra la masa si responden a servicios necesarios o en interés de la masa.

Concursal

Última revisión: 20-03-2026

La inclusión de créditos en concurso es posible hasta antes de los textos definitivos; la tardanza suele determinar su subordinación.

Concursal

Última revisión: 20-03-2026

El TRLC obliga al deudor a solicitar concurso en dos meses desde conocer la insolvencia actual o, tras comunicación sin plan, en el mes siguiente.


Concursal

Última revisión: 19-03-2026

Los créditos de los acreedores públicos, afectados por el plan de reestructuración, deberán ser íntegramente satisfechos, con carácter general, en el plazo de doce meses a contar desde la fecha del auto de homologación del plan de reestructuración; y de seis meses si se hubiese concedido un aplazamiento o fraccionamiento previamente.

Concursal

Última revisión: 19-03-2026

En caso de que en fase preconcursal no se alcance un plan de reestructuración, el deudor no tiene la obligación de instar la declaración de concurso si no se encuentra en situación de insolvencia.

Concursal

Última revisión: 19-03-2026

Ante la posibilidad de insolvencia del deudor, se podrá dar inicio al plan de reestructuración como instrumento preconcursal.

Concursal

Última revisión: 19-03-2026

Existe compatibilidad entre los cargos de administrador concursal y de experto en recabar ofertas de adquisición de la unidad productiva.

Concursal

Última revisión: 19-03-2026

Conforme al art. 226 del TRLC, son rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la solicitud de declaración de concurso.

Concursal

Última revisión: 19-03-2026

En el procedimiento concursal de una persona física, la pensión de alimentos se considera crédito contra la masa.

Concursal

Última revisión: 05-03-2026

El límite para la exoneración del pasivo insatisfecho con respecto a las deudas públicas será de un máximo de diez mil euros por deudor.

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