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Última revisión: 11-06-2021

El artículo 508 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal organiza la tramitación del procedimiento concursal en secciones.

Concretamente se establecen seis secciones en las que ordena las actuaciones del procedimiento en cuantas piezas separadas sean necesarias:

Sección primera

Declaración de concurso, medidas cautelares, resolución final de la fase común, reapertura, etcétera

Sección segunda

Administración concursal (nombramiento, estatuto, facultades, rendición de cuentas e informe de los administradores concursales, entre otros)

Sección tercera

Determinación de la masa activa, enajenación de bienes y derechos, créditos contra la masa, etcétera

Sección cuarta

Determinación de la masa pasiva, créditos concursales, pago a los acreedores, juicios declarativos acumulados

Sección quinta

Convenio, liquidación, etcétera

Sección sexta

Calificación del concursos y sus efectos

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Última revisión: 11-06-2021

El artículo 5 del TRLC determina que el deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia, y lo hará mediante escrito dirigido al juzgado de lo mercantil del lugar en donde el deudor tenga el centro de sus intereses principales, en caso de las personas jurídicas y en caso de las personas físicas en su domicilio.

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Última revisión: 11-06-2021

La sección sexta es la calificación del concurso. El art. 441 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal establece: «El concurso se calificará como fortuito o como culpable». Y el art. 442 del TRLC aclara: «El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, directores generales, y de quienes, dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso, hubieren tenido cualquiera de estas condiciones».

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Última revisión: 11-06-2021

Dos de los documentos más importantes que acompañan el informe de la administración concursal son el inventario y la lista de acreedores, su trascendencia para la satisfacción de las pretensiones de los acreedores en seno del concurso exige de un procedimiento específico que regule su impugnación. Este procedimiento se regula en los arts. 297 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.

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Última revisión: 11-06-2021

Los bienes con privilegio general a diferencia de los privilegiados especiales no gozan del respaldo de un bien concreto de masa activa, sino que se refieren a la totalidad de la masa.
Los créditos con privilegio general se regulan en una lista tasada y se abonarán siguiendo estrictamente el orden señalado por el art. 280 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal, de modo que, hasta que se satisfagan por completo los de una categoría, no podrá procederse a abonar los de la siguiente.

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Última revisión: 11-06-2021

El incidente concursal se caracteriza como una vía para tramitar todas las cuestiones que se susciten durante el procedimiento del concurso y no tengan señalada en el texto refundido de la Ley Concursal otra tramitación diferenciada, así como aquellas acciones que deban ser ejercitadas ante el juez del concurso mediante esta vía (art. 532 TRLC).

Cabe señalar que no se admitirán incidentes concursales que tengan por objeto realizar determinados actos de administración o impugnarlos por motivos de oportunidad.

En concreto, el incidente concursal en materia laboral especifica más el cauce hacia las acciones que los trabajadores o el FOGASA ejerciten contra el auto que decide sobre la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, traslado, despido, suspensión de contratos y/o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción con carácter colectivo.

Además, también tramitarán a través del incidente concursal en materia laboral los trabajadores que tengan condición de personal de alta dirección contra la decisión concursal de extinguir o suspender los contratos que haya suscrito el concursado con estos (art. 541 TRLC).

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Última revisión: 11-06-2021

La TRLC se distingue por la posibilidad de acortar la tramitación del concurso mediante un procedimiento simplificado, pasando de los dos meses –prorrogables por un máximo de otros dos meses– desde la aceptación del cargo por la administración concursal hasta la emisión de su informe provisional a un plazo acortado a 1 mes –prorrogable por 15 días–, entre otras diferencias.

Esta dualidad viene a raíz de una decisión que adopta el tribunal a partir de una serie de circunstancias concretas que indiquen o prevean que el concurso no va a resultar especialmente completo dado que la capacidad económica del concursado no exceda de ciertos límites.

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Última revisión: 11-06-2021

El TRLC distingue entre dos grandes categorías de créditos: los créditos concursales y los créditos contra la masa. Los créditos contra la masa incluyen aquellos créditos nacidos con posterioridad al inicio del procedimiento concursal y que formalizan sus compromisos con la masa, teniendo prioridad de cobro sobre los créditos concursales (art. 244 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal).

La administración concursal procederá al pago de estos créditos contra la masa con cargo a los bienes y derechos de la masa activa no afectos al pago de créditos con privilegio especial.

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Última revisión: 11-06-2021

El artículo 509 del TRLC dispone, sobre las partes necesarias, que tanto el deudor como el administrador concursal se reconocen como parte en todas las secciones que componen el procedimiento concursal (sin necesidad de comparecencia en la forma prevista del TRLC para cada una de ellas). El Ministerio Fiscal también lo hace respecto a la sección sexta.

Cabe hacer mención expresa a FOGASA, que será parte del procedimiento concursal siempre que deba abonar salarios e indemnizaciones a los trabajadores afectados.

En lo que respecta a la representación y defensa, el concursado siempre actuará representado por procurador y asistido de letrado. Los acreedores y otros legitimados actuarán de igual manera para determinadas actuaciones (recursos, impugnaciones, etc.). Otros que tengan interés legítimo en el concurso también deberán hacerlo representados y asistidos por éstos.

En la misma línea respecto a lo anterior, sobre la representación y defensa de las AAPP se entenderá sin perjuicio a lo establecido para las mismas en la normativa procesal específica, y sobre la representación y defensa de los trabajadores, sin perjuicio a lo establecido en la Ley reguladora de la jurisdicción social.

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Última revisión: 11-06-2021

Cuando algún acreedor u otro legitimado haya solicitado el concurso de acreedores, el deudor podrá oponerse a la declaración del concurso alegando lo siguiente:

  • La falta de legitimación del solicitante.
  • La inexistencia del signo externo revelador del estado de insolvencia en el que se haya fundamentado la solicitud de declaración del concurso.