Protección de datos
Marginales

Marginales | Protección de datos

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Última revisión: 11-09-2023

El Data Protection Officer o DPO es una figura clave para el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Esta figura se define como un profesional con conocimientos en derecho y práctica en materia de protección de datos. Su designación puede realizarse de forma voluntaria como una medida de responsabilidad activa o ser obligatoria en determinados casos. Además, pueden existir ...

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Última revisión: 11-09-2023

según la regulación europea del RGPD, así como la española en la LOPDGDD, y la Ley 2/1974, los colegios de abogados o de procuradores sí deben contar con un DPD. Esto se debe a que el DPD es el encargado de velar por que los datos personales de los ciudadanos se traten de forma legal, de manera que no se afecte su privacidad.

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Última revisión: 11-09-2023

Los que ejerzan a título individual no están obligados a contar con un DPD, aunque su nombramiento sí que resulta recomendable. En caso de que el despacho desarrolle actividades que consistan en operaciones de tratamiento en gran escala, también resultará necesario el nombramiento de un DPD. Los requisitos para determinar un tratamiento a gran escala han sido esclarecidos por el Grupo de ...

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Última revisión: 11-09-2023

La designación de un DPD en un despachos de abogados o procuradores debe ser comunicada a la AEPD u organismos autonómicos competentes en un plazo de diez días desde su nombramiento y se deben publicar los datos de contacto del DPD. Igualmente, el incumplimiento de la obligación de designar un DPD, la no posibilidad de la efectiva participación del DPD o la no publicación de los datos de ...

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Última revisión: 11-09-2023

La gestión de riesgos en un despacho de abogados o procuradores es un tema de suma importancia para garantizar la seguridad de los datos de los clientes. El RGPD establece una serie de medidas técnicas y organizativas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, tales como la seudonimización, el cifrado, la garantía de la confidencialidad, integridad y resiliencia de los datos y ...

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Última revisión: 11-09-2023

Tratamos, como ejemplo paradigmático, la vulnerabilidad de un despacho de abogados provocada al permitir que documentación que contenía datos personales fuese encontrada junto a unos contenedores de basura urbanos. La AEPD determinó que el despacho vulneró el artículo 32.1 del RGPD, y que no habían adoptado las medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad de los datos.

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Última revisión: 11-09-2023

La Evaluación de Impacto de Protección de Datos (EIPD) es una herramienta ciertamente preventiva, destinada a la identificación, evaluación y gestión constante de los riesgos a los que se exponen las actividades de un despacho de abogados o procuradores relacionadas con el tratamiento de datos. El artículo 35 del RGPD regula la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y el ...

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Última revisión: 11-09-2023

La AEPD publicó una lista orientativa de tratamientos de datos que no requieren la obligatoriedad de una Evaluación de Impacto de Protección de Datos (EIPD). Esta lista incluye tratamientos realizados por trabajadores autónomos como abogados o profesionales de la salud. Por otro lado, existen tratamientos para los cuales sí es obligatoria la EIPD, como los relativos a perfilado o valoración ...

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Última revisión: 11-09-2023

El precepto 16 del Estatuto General de la Abogacía Española regula la prestación de asesoramiento jurídico en línea, el cual debe someterse a principios tales como respeto al Estatuto General de la Abogacía y al resto del ordenamiento jurídico; identificar y comunicar el colegio al que pertenece antes de solicitar alguna contraprestación; adoptar las medidas necesarias para garantizar el ...

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Última revisión: 11-09-2023

El secreto profesional es un deber que los abogados deben cumplir según lo establecido en la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, y el Real Decreto 135/2021, de la Abogacía Española. Si éste se incumple, los abogados pueden cometer diversos delitos descritos en el Código Penal, como la revelación de secretos ajenos o la divulgación de actuaciones procesales declaradas secretas.

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