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extranjeria

Procedimiento sancionador preferente en materia de extranjería








Vademecum: extranjeria

Fecha última revisión: 22/04/2021

El procedimiento preferente, en materia de extranjería, aparece regulado en los arts. 234 a 237 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Esta modalidad preferente es aplicable en aquellos casos en los que se inicie un expediente en el que se pueda proponer la expulsión del territorio español. Esto es, tratarse de supuestos definidos y contemplados en los artículos 53.1.a) –si se dan algunas circunstancias– y d), 54.1.a) y b) y 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Se caracteriza por su celeridad en tanto que, al dar comienzo mediante acuerdo de iniciación, se otorga un plazo de 48 horas para realizar alegaciones sobre las motivaciones del procedimiento y, o bien no se formulan alegaciones y se pasa a la propuesta de resolución, o bien se formulan éstas y se abre un plazo máximo de 3 días para que el instructor valore la pertinencia o no de las alegaciones o pruebas propuestas –y su práctica–.

Al llegar a la propuesta de resolución, se dará un trámite de audiencia de 24 horas para formular alegaciones y presentar documentos, tras lo cual el instructor elevará la propuesta a la autoridad competente para que resuelva.

La resolución se dicta, en este procedimiento, de forma inmediata y, en su caso, la ejecución de la misma será efectuada de forma inmediata una vez practicadas todas las notificaciones pertinentes.

El procedimiento preferente, en materia de extranjería, aparece regulado en los arts. 234 a 237 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Esta modalidad preferente es aplicable en aquellos casos en los que se inicie un expediente en el que se pueda proponer la expulsión del territorio español. Esto es, tratarse de supuestos definidos y contemplados en los artículos 53.1.a) –si se dan algunas circunstancias– y d), 54.1.a) y b) y 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Se caracteriza por su celeridad en tanto que, al dar comienzo mediante acuerdo de iniciación, se otorga un plazo de 48 horas para realizar alegaciones sobre las motivaciones del procedimiento y, o bien no se formulan alegaciones y se pasa a la propuesta de resolución, o bien se formulan éstas y se abre un plazo máximo de 3 días para que el instructor valore la pertinencia o no de las alegaciones o pruebas propuestas –y su práctica–.

Al llegar a la propuesta de resolución, se dará un trámite de audiencia de 24 horas para formular alegaciones y presentar documentos, tras lo cual el instructor elevará la propuesta a la autoridad competente para que resuelva.

La resolución se dicta, en este procedimiento, de forma inmediata y, en su caso, la ejecución de la misma será efectuada de forma inmediata una vez practicadas todas las notificaciones pertinentes.

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