Caso que analiza si es necesario contar con abogado para presentar un recurso de amparo y la posibilidad de y presentación del mismo en una lengua cooficial

Sí, para presentar recurso de amparo es necesario abogado y no se puede redactarse en otra lengua que no sea el castellano.

Ello con base en el siguiente articulado:

Artículo 81.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC):

 «Las personas físicas o jurídicas cuyo interés les legitime para comparecer en los procesos constitucionales, como actores o coadyuvantes, deberán conferir su representación a un procurador y actuar bajo la dirección de letrado. Podrán comparecer por sí mismas, para defender derechos o intereses propios, las personas que tengan título de licenciado en derecho, aunque no ejerzan la profesión de procurador o de abogado».

Artículo 80 de la LOTC:

 «Se aplicarán, con carácter supletorio de la presente Ley, los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de comparecencia en juicio, recusación y abstención, publicidad y forma de los actos, comunicaciones y actos de auxilio jurisdiccional, día y horas hábiles, cómputo de plazos, deliberación y votación, caducidad, renuncia y desistimiento, lengua oficial y policía de estrados».

 Apartados 1, 2 y 3 de los 231 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) y articulo 142 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC):

1. En todas las actuaciones judiciales, los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de juzgados y tribunales usaran el castellano, lengua oficial del estado.
2. Los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de juzgados y tribunales podrán usar también la lengua oficial propia de la comunidad autónoma, si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella que pudiere producir indefensión.
3. Las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así como los testigos y peritos, podrán utilizar la lengua que sea también oficial en la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas.