¿Cuáles son las principales implicaciones fiscales de la terminación del régimen económico matrimonial por la existencia de una crisis en la pareja?

En un contexto de crisis matrimonial, la separación o divorcio de la pareja tiene una serie de consecuencias, no solo de índole personal (por ejemplo, referidas a la guarda y custodia de los hijos), sino también de carácter patrimonial. No en vano, cuando se termina la relación de pareja, y al margen de otras cuestiones como pueden ser las pensiones de alimentos o compensatorias, las partes (o el juez, en caso de desacuerdo) tendrán que repartirse los bienes comunes que puedan existir y dicha operación conllevará una serie de consecuencias fiscales que, además, pueden alcanzar a distintos impuestos. Fundamentalmente, a los siguientes:

• El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD).
• El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).
• El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
• El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más comúnmente conocido como «plusvalía municipal».

En este epígrafe se abordarán las principales implicaciones que la disolución y liquidación del régimen económico matrimonial puede tener con respecto a dichos tributos, en función de cuál sea el régimen que rija en el matrimonio. El análisis se centrará en el de gananciales y el de separación de bienes, por ser los más habituales, aunque también se incorpora una breve referencia final a los supuestos de parejas no casadas.