I único Medidas de reforma económica
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El objetivo fundamental de la política económica española es seguir progresando en la convergencia real con los países más avanzados de la Unión Europea. La estrategia para alcanzar este objetivo exige, además del mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, el incremento de la capacidad de crecimiento a largo plazo de la economía.

En el contexto determinado por la integración de España en la Unión Económica y Monetaria, que ofrece un marco favorable para la estabilidad macroeconómica, la política de reforma estructural de los mercados de productos y factores adquiere un especial protagonismo. La liberalización y el incremento de la competencia en estos mercados, tras las reformas emprendidas en los últimos años, han permitido mantener un diferencial de crecimiento positivo con las economías más avanzadas de la Unión Europea que se ha reflejado en progresos en la convergencia con los niveles de renta y de empleo de estos países.

Este crecimiento diferencial se ha producido tanto en la fase expansiva del ciclo como en la más reciente fase de desaceleración. En un contexto internacional de débil crecimiento, la economía española ha sido capaz de mantener tasas de crecimiento y de creación de empleo relativamente elevadas. Se rompe así con la tendencia estructural seguida en ciclos anteriores, en los que la economía española crecía por encima de la media europea en los períodos de expansión pero sufría de forma diferencial las desaceleraciones o las recesiones.

La economía española está cada vez más abierta al exterior e integrada en los mercados europeos e internacionales. Por lo tanto, está también más expuesta a los riesgos e incertidumbres que condicionan la evolución de la economía internacional y que, en los últimos meses, han sido particularmente intensos.

En el momento actual en que algunas de estas incertidumbres se han empezado a despejar, es preciso adoptar medidas extraordinarias y urgentes de continuación con el proceso de reforma estructural, que permitan que la economía española continúe con el proceso de convergencia con las economías más avanzadas y eviten decididamente que pueda verse expuesta al riesgo de abandonar su senda de crecimiento diferencial. Se trata de profundizar en la línea mantenida en los últimos años por la política económica, orientada a la reforma y liberalización de los mercados de productos y factores, que ha tenido efectos positivos perceptibles en términos del nivel de renta y de empleo, actuando sobre aquellas barreras que dificultan el proceso de crecimiento.

Las reformas deben prestar especial atención, en primer lugar, a la creación de condiciones idóneas para el desarrollo del espíritu emprendedor y la pequeña y mediana empresa, elementos dinamizadores de la actividad económica.

En segundo lugar, resulta necesario impulsar el mercado de arrendamiento de vivienda, para dar respuesta a la acuciante demanda social de contar con un parque asequible de viviendas en alquiler, para facilitar así la movilidad geográfica de los trabajadores y el acceso a la vivienda de jóvenes e inmigrantes.

En tercer lugar, en línea con las conclusiones de los Consejos Europeos de Gotemburgo y de Barcelona, es necesario adoptar medidas para garantizar e impulsar el desarrollo económico. Esto exige prestar especial atención a la participación de todos los colectivos sociales, y en particular de los más vulnerables, como los trabajadores por cuenta propia y las mujeres, en los beneficios de la liberalización y el crecimiento, facilitando su incorporación al mercado de trabajo, así como potenciar la integración de los objetivos medioambientales en el diseño y la ejecución de la política económica.

Por último, es necesario continuar con la adopción de medidas de reforma para aumentar la eficiencia de los mercados de productos y factores, así como potenciar la inversión productiva y mejorar el funcionamiento del mercado hipotecario.

Modificaciones
  • Texto Original. Publicado el 12-11-2003 en vigor desde 13-11-2003