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Recurso extraordinario de revisión en el procedimiento sancionador en extranjería








Vademecum: extranjeria

Fecha última revisión: 22/04/2021

El recurso extraordinario de revisión se configura como un recurso en vía administrativa que puede darse en el régimen de extranjería y que se encuentra regulado en los arts. 125 y 126 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Este recurso se interpone contra actos firmes en vía administrativa ante el órgano administrativo que los dictó, siendo también el órgano competente para su resolución, en los casos en que en relación al acto impugnado:

  • Se incurra en error de hecho sobre los propios documentos incorporados al expediente.
  • Aparezcan documentos de valor esencial para resolver sobre el asunto –aunque sean posteriores–.
  • Que hayan influido en la resolución documentos o testimonios declarados falsos por sentencia firme –sea anterior o posterior a la resolución–.
  • Resolución dictada como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible declarado en sentencia firme.

El plazo para su interposición es de 4 años desde la resolución en caso del primer supuesto sobre error de hecho y de 3 meses para el resto de casos, a contar desde que se tenga conocimiento de los documentos o desde la firmeza de la sentencia.

Por último, el plazo para resolver es de 3 meses y, en caso de no resolverse, el silencio administrativo es desestimatorio.

El recurso extraordinario de revisión se configura como un recurso en vía administrativa que puede darse en el régimen de extranjería y que se encuentra regulado en los arts. 125 y 126 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Este recurso se interpone contra actos firmes en vía administrativa ante el órgano administrativo que los dictó, siendo también el órgano competente para su resolución, en los casos en que en relación al acto impugnado:

  • Se incurra en error de hecho sobre los propios documentos incorporados al expediente.
  • Aparezcan documentos de valor esencial para resolver sobre el asunto –aunque sean posteriores–.
  • Que hayan influido en la resolución documentos o testimonios declarados falsos por sentencia firme –sea anterior o posterior a la resolución–.
  • Resolución dictada como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible declarado en sentencia firme.

El plazo para su interposición es de 4 años desde la resolución en caso del primer supuesto sobre error de hecho y de 3 meses para el resto de casos, a contar desde que se tenga conocimiento de los documentos o desde la firmeza de la sentencia.

Por último, el plazo para resolver es de 3 meses y, en caso de no resolverse, el silencio administrativo es desestimatorio.

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