Costas judiciales
Fecha última revisión: 16/03/2022
Las costas judiciales o costas procesales son los gastos considerados como imprescindibles surgidos a raíz de la celebración de un procedimiento judicial que podrán asumir las partes del proceso según las circunstancias y término del mismo. Podemos clasificar las costas en los siguientes conceptos:
- Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas.
- Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del procedimiento.
- Depósitos necesarios para la presentación de recursos.
- Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso.
- Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la ley, salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos, que serán gratuitos.
- Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del procedimiento.
- La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea preceptiva. No se incluirán en las costas del procedimiento las tasas abonadas en los procesos de ejecución de hipotecas para aquellas hipotecas constituidas para la adquisición de una vivienda habitual. Tampoco en los procesos de ejecución derivados de dichos préstamos o créditos hipotecarios cuando se dirijan contra el ejecutado o sus avalistas.
La determinación de la condena en costas es una materia compleja, ya que partiendo de la idea general de que «todo aquel que vea desestimadas sus pretensiones será condenado en costas», resulta utópico pensar que todos los procedimientos judiciales terminarán con una total desestimación de pretensiones, e incluso aunque así sea, pueden existir dudas razonables sobre la pertinencia o no de la condena.
Por ello, resulta conveniente establecer criterios de determinación según los diferentes órdenes jurisdiccionales:
En el orden civil (394-398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil):
- Criterio de vencimiento. Las costas en la primera instancia se impondrá a la parte que vea rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie que el caso presenta serias dudas de hecho o de derecho.
- Una estimación parcial de pretensiones implica que cada parte abone las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el tribunal aprecie que alguna de las partes haya litigado con temeridad, lo que supondrá una condena total de costas.
- En caso de allanamiento no procederá la condena si el demandado se allanase antes de contestar a la demanda, salvo que el tribunal aprecie mala fe de este último; si el allanamiento tiene lugar tras la contestación, se aplicará el criterio de vencimiento.
- En caso de desistimiento, se condenará al actor si el demandado no consiente tal desistimiento; en caso de que este último consienta, no se condenará en costas a ninguna de las partes.
- En supuestos de apelación, recursos extraordinarios por infracción procesal y casación, se aplicará el criterio de vencimiento para el recurrente que vea desestimadas todas sus pretensiones; en caso de estimación total o parcial, no procederá condena en costas alguna.
En el orden penal (239-246 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal):
- La declaración de las costas de oficio supone que cada parte asumirá las suyas.
- La condena al pago de los procesados, estableciendo la parte proporcional de cada uno en caso de que sean varios. Nunca procederá la condena en costas para los procesados absueltos.
- Condena en costas del querellante cuando se determine que este ha actuado de mala fe.
En el orden contencioso-administrativo (artículo 139 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa)
- En primera y única instancia se aplicará el criterio de vencimiento a la parte que vea rechazadas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie serias dudas de hecho o de derecho.
- En supuestos de estimación o desestimación parcial, cada parte abonará sus costas salvo que el tribunal aprecie mala fe o temeridad en la actuación de alguna de las mismas.
- En materia de recursos, se impondrá el criterio de vencimiento si el recurrente ve desestimadas todas sus pretensiones salvo que el tribunal, razonándolo, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.
En el orden social en torno a los recursos de suplicación y casación y especialidades de la primera instancia (artículos 66, 97 y 235 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social)
- La parte vencida será condenada en costas, salvo que sea beneficiaria de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, funcionarios públicos o personal estatutario.
- En supuestos sobre conflictos colectivos cada parte asumirá el pago de sus costas, salvo que el tribunal aprecie que una de ellas haya actuado con mala fe.
- Podrá homologarse judicialmente, durante la tramitación del recurso, un convenio transaccional que de por terminado el procedimiento y en el que cada parte asuma el pago de las costas.
- La regla general no contempla la condena en costas en la primera instancia del orden social, salvo dos supuestos muy concretos:
- Cuando la parte demandada no acuda a pesar de haber sido citada de forma correcta y sin mediar causa justificada, la cuantía de la condena en costas no podrá exceder de los 600 euros. Por otra parte, se requiere que el fallo coincida con lo expuesto en la papeleta de conciliación (artículo 66 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social).
- Igualmente, también procederá la sanción en la primera instancia del orden social cuando se considere que uno de los litigantes ha actuado con mala fe procesal o temeridad, o por no acudir sin causa justificada al acto de conciliación. Dicha sanción podrá oscilar entre los 180 o 6.000 euros, no pudiendo superar la tercera parte del litigio. En estos supuestos, y cuando el condenado sea un empresario, deberá también abonar los honorarios (costas) de los abogados y graduados sociales que no podrá exceder los 600 euros (artículo 97 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social).
