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Ejercicio del derecho al olvido

Última revisión

abogacia

Ejercicio del derecho al olvido







Vademecum: abogacia

Orden: administrativo

Fecha última revisión: 26/01/2022

Origen: Iberley

Tiempo de lectura: 2 min

Tiempo de lectura: 2 min


PLANTEAMIENTO

Un ciudadano desea que determinados datos dejen de aparecer en los buscadores de internet. ¿Cómo debe proceder?

RESPUESTA

La legislación española establece que para ejercer los derechos de cancelación y oposición y, por tanto, el «derecho al olvido» es imprescindible que el ciudadano se dirija en primer lugar a la entidad que está tratando sus datos, en este caso al buscador.

Así lo establece el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

«1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información».

En un mismo sentido matiza esta posibilidad el artículo 13.2 de la precitada ley:

«2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del modo en que este podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho».

A tal efecto los buscadores mayoritarios han habilitado sus propios formularios para recibir las peticiones de ejercicio de derechos en este ámbito.

En el caso de que la entidad no responda a la petición realizada o el ciudadano considere que la respuesta que recibe no es la adecuada, puede solicitar que la Agencia Española de Protección de Datos tutele su derecho frente al responsable. En función de las circunstancias de cada caso concreto, la agencia determinará si lo estima o no. Esta decisión de la agencia, a su vez, será recurrible ante los tribunales.